Una mujer de 60 años, residente en Los Ángeles, fue imputada por la justicia federal de Rosario por someter a la cuidadora de su madre a una situación de servidumbre durante más de dos décadas. La investigación, impulsada por la Unidad Fiscal Rosario, reveló que la víctima fue captada en 2003 en Corrientes, cuando tenía 14 años, bajo la promesa de una vida mejor y acceso a la educación. Sin embargo, al llegar a Rosario, la adolescente fue obligada a realizar tareas domésticas sin recibir salario, vacaciones ni cobertura social, y permaneció aislada del entorno social.

Según la acusación, la madre de la imputada fue quien inicialmente captó a la joven, aprovechando la extrema vulnerabilidad de su familia. La madre de la víctima, analfabeta, firmó un acta notarial sin comprender su contenido, autorizando el traslado de su hija. Durante 19 años, la víctima trabajó en la casa de la familia en el barrio Martin de Rosario, recibiendo únicamente comida, ropa y techo como compensación.

En 2022, cuando la madre de la imputada comenzó a tener problemas de salud, la hija asumió el control de la vivienda desde Estados Unidos. Para supervisar a la víctima, instaló 16 cámaras de seguridad y le entregó un celular para impartir instrucciones a distancia. La situación se mantuvo hasta octubre de 2025, cuando un allanamiento de la Policía Federal permitió rescatar a la víctima, hoy de 37 años.

La audiencia de imputación se realizó por videoconferencia, con la acusada participando desde Los Ángeles. La fiscalía solicitó su detención y extradición, pero el juez Román Lanzón rechazó ambas peticiones, imponiendo en cambio medidas cautelares: fijación de domicilio, firma mensual en el consulado argentino más cercano y prohibición de contacto con la víctima y su entorno. La defensa, a cargo de Gustavo Feldman, negó la existencia de delito y calificó la imputación como "una vergüenza".

El caso, respaldado por testimonios de vecinos, informes oficiales y peritajes interdisciplinarios, pone en evidencia la persistencia de la servidumbre doméstica y la trata de personas en Argentina. La madre de la imputada también es investigada, aunque su situación procesal depende de una evaluación médica. El proceso judicial continúa, mientras organismos de derechos humanos y la fiscalía destacan la importancia de visibilizar este tipo de delitos y proteger a las víctimas.