El municipio de Pilar, en la provincia de Buenos Aires, se convirtió en el epicentro de una fuerte controversia tras la implementación de una nueva Tasa de Protección Ambiental del 2% sobre el valor neto de IVA en cada compra realizada en supermercados, hipermercados, shoppings, hoteles, industrias y universidades privadas. La medida, que comenzó a regir el 1° de diciembre de 2025, reemplazó el esquema anterior de monto fijo y generó un inmediato rechazo por parte de las principales cadenas de supermercados y del ministro de Economía, Luis Caputo.

Caputo, a través de sus redes sociales, calificó la decisión como un "impuestazo encubierto" y pidió a los ciudadanos que "no compren nada en Pilar". El ministro argumentó que la tasa "castiga a la gente y encarece la vida diaria", y denunció que contradice la agenda nacional de reducción de cargas tributarias. La Asociación de Supermercados Unidos (ASU) y la Cámara Argentina de Distribuidores y Autoservicios Mayoristas (Cadam) presentaron reclamos formales ante el municipio, advirtiendo sobre graves perjuicios para consumidores y problemas operativos para las empresas, especialmente por el corto plazo de adaptación exigido por la municipalidad.

La nueva tasa afecta a todos los tickets, sin tope ni monto mínimo, lo que implica que cada compra dentro del partido se encarece. Además, el recargo solo aplica a ciertos rubros, generando una situación de competencia desleal frente a otros comercios que no están obligados a cobrar el 2%. Las cadenas de supermercados anticiparon que el aumento se trasladará directamente a los precios y que podría provocar rechazos en las líneas de caja, especialmente en productos de alto valor.

El intendente de Pilar, Federico Achával, defendió la medida como una herramienta de política ambiental y fiscal, mientras que desde el sector empresarial se cuestiona la transparencia en el uso de los fondos recaudados, ya que la ordenanza permite su libre disponibilidad. El conflicto escaló rápidamente al plano nacional, reflejando las tensiones entre las políticas locales y la estrategia del gobierno nacional de reducir impuestos y simplificar el sistema tributario.

Pilar ahora encabeza el ranking de municipios bonaerenses con mayor presión tributaria, sumando un 6,5% entre la Tasa de Seguridad e Higiene y la nueva Tasa de Protección Ambiental. El caso pone en evidencia la disputa entre Nación y municipios por la recaudación y el impacto de las decisiones fiscales en la vida cotidiana de los ciudadanos. El debate continúa abierto, con posturas polarizadas y consecuencias directas para consumidores y comercios del distrito.