Un accidente múltiple ocurrido el 3 de abril en la Ruta 3, a la altura de Cañuelas, volvió a poner en el centro del debate la seguridad vial en la provincia de Buenos Aires. El siniestro se produjo cuando una camioneta Mitsubishi L200 roja, conducida por un hombre de 82 años, realizó una maniobra en contramano y huyó del lugar, desencadenando una colisión en cadena que involucró al vehículo de la modelo Barby Franco, su hija Sarah y otros automóviles.

Según los partes policiales y testimonios de los involucrados, Barby Franco viajaba junto a su hija y una acompañante cuando debió frenar de emergencia para evitar una colisión frontal. Esta acción provocó que otros dos vehículos impactaran contra el suyo. A pesar de la violencia del choque, Franco, su hija y su acompañante resultaron ilesas, mientras que solo uno de los conductores sufrió lesiones leves y fue atendido en el lugar.

La rápida difusión de videos del incidente, captados por las cámaras del Tesla Cyberbeast de Franco, permitió identificar al responsable, Roberto Paglioli, quien fue inhabilitado preventivamente para conducir por las autoridades bonaerenses. La medida, dispuesta por la Subsecretaría de Política y Seguridad Vial, busca retirar de circulación a conductores que representen un riesgo para la sociedad.

El episodio generó una fuerte reacción pública, especialmente por parte de Fernando Burlando, esposo de Franco, quien calificó al conductor como "asesino en estado larvario" y reclamó reformas urgentes en el Código Penal para endurecer las penas contra conductores imprudentes. "La inseguridad tiene muchas formas, tiene diferentes caras y diversas maneras de golpear con fuerza de tragedia", expresó Burlando en sus redes sociales.

Barby Franco, por su parte, agradeció el apoyo recibido y destacó la solidaridad de los vecinos que asistieron a los involucrados tras el accidente. "Estamos muy bien, física y emocionalmente", aseguró la modelo, subrayando la importancia de las cámaras del vehículo para esclarecer lo sucedido.

El caso continúa bajo investigación judicial para determinar responsabilidades y eventuales sanciones adicionales. Mientras tanto, el debate sobre la seguridad vial y la necesidad de controles y sanciones más estrictas sigue vigente en la agenda pública argentina.