La Justicia de Comodoro Rivadavia resolvió mantener la prisión preventiva para cinco de los imputados en la causa que investiga el ataque a tiros ocurrido el 14 de octubre de 2025 frente a la Oficina Judicial del barrio Roca. La decisión fue adoptada tras una audiencia de revisión solicitada por la defensa de Juan Ezequiel Hernández, uno de los acusados, quien buscaba revocar la medida y obtener su libertad bajo condiciones alternativas.

Durante la audiencia, la defensora pública Vanesa Vera argumentó que la resolución previa de la jueza penal Raquel Tassello era "arbitraria" y carecía de fundamentos, además de señalar una supuesta desigualdad respecto a otros imputados que no permanecen detenidos. Propuso que Hernández pudiera presentarse diariamente ante la Oficina Judicial como alternativa a la prisión preventiva.

Por su parte, la fiscal general Andrea Rubio defendió la continuidad de la medida, señalando que la situación procesal de Hernández y los demás imputados justifica la prisión preventiva debido a la gravedad del delito, la existencia de pruebas suficientes y el riesgo de fuga. Rubio destacó que la investigación ha reunido elementos como pericias, registros fílmicos y análisis de teléfonos celulares que vinculan a los acusados con el hecho.

El tribunal, integrado por los jueces Carlos Richieri y José Ennis, resolvió confirmar la decisión de la jueza Tassello, considerando que la resolución estaba debidamente fundada y no presentaba arbitrariedad. Así, José Luis Alancay, Facundo Daniel Reyna, Miguel Ángel Arca Rojas, Luciano David Soto y Juan Ezequiel Hernández continuarán detenidos por un plazo de cuatro meses o hasta la realización de la audiencia preliminar, lo que ocurra primero.

En la misma resolución, se dispuso la libertad de Brenda Rua y Vanesa Ulloa bajo medidas sustitutivas, mientras que otros tres imputados fueron sobreseídos por falta de pruebas. La causa, que involucra a diez personas, sigue su curso y se espera que la próxima audiencia defina si el caso avanza hacia el juicio oral. El episodio investigado ha generado preocupación en la comunidad y pone en foco la seguridad en torno a las instituciones judiciales locales.