La Justicia argentina ordenó el decomiso de más de cien bienes pertenecientes a Cristina Kirchner, Lázaro Báez y sus allegados, en el marco de la condena por corrupción en la causa Vialidad. El Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2 dictó la medida el 18 de noviembre, tras considerar probada la administración fraudulenta de fondos públicos durante el gobierno de la ex presidenta. El monto total del decomiso, actualizado por peritos oficiales, asciende a $684.990.350.139,86, lo que representa una de las acciones de recuperación de activos más cuantiosas en la historia judicial argentina.

Entre los bienes afectados se encuentran el hotel boutique Los Sauces Casa Patagónica, departamentos en Río Gallegos y varias propiedades en El Calafate, así como activos empresariales de Austral Construcciones S.A. y otras firmas vinculadas a Báez. La medida alcanza también a Máximo y Florencia Kirchner, quienes figuran como titulares de algunos de los inmuebles, muchos de los cuales fueron cedidos como adelanto de herencia en 2016. El decomiso implica la pérdida definitiva de la propiedad por parte de los condenados, sin derecho a compensación, y los bienes pasarán a manos de la Corte Suprema de Justicia, que decidirá su destino final.

El tribunal fundamentó la decisión en la función reparadora del daño social causado y en la política pública de recuperación de activos de la corrupción. Según la sentencia, la maniobra defraudatoria se concretó a través de la adjudicación irregular de obras viales, sobreprecios y manipulación de licitaciones, generando un perjuicio económico significativo al Estado. El hotel Los Sauces, por ejemplo, fue alquilado durante once años, generando ingresos millonarios para la familia Kirchner.

La defensa de Florencia Kirchner argumentó que los bienes fueron transferidos antes de cualquier vínculo con actividades ilícitas, mientras que la Corte Suprema podría asignar los recursos decomisados a la ciudadanía santacruceña, especialmente en relación con los bienes localizados en la provincia. El caso ha generado repercusión en redes sociales y debate público sobre el impacto familiar y político de la medida. En el contexto de la causa Vialidad, el decomiso representa un mensaje claro sobre la recuperación de bienes obtenidos mediante corrupción y marca un precedente en la lucha contra el delito económico en Argentina.