El allanamiento realizado en el domicilio de Matías Yofe, dirigente de la Coalición Cívica en Pilar, ha generado una fuerte controversia en el ámbito político y judicial argentino. Yofe, conocido por impulsar denuncias sobre presuntas irregularidades en la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y en la gestión pública bonaerense, fue investigado por supuesta extorsión tras la denuncia de un exchofer de Jorge D’Onofrio, ex ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires.

El procedimiento, autorizado por el juez de Garantías de San Isidro, Walter Saettone, y ejecutado por el fiscal Germán Camafreita, incluyó el secuestro de teléfonos celulares y computadoras en la vivienda de Villa Rosa, Pilar. El allanamiento se realizó cuando Yofe no se encontraba en el lugar, lo que generó denuncias de violencia y vulneración de derechos por parte de su familia. Yofe se presentó posteriormente ante la fiscalía, acompañado por la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió, quien calificó el operativo como una "respuesta mafiosa" a las investigaciones que ambos impulsan sobre el manejo de fondos en la AFA y otras áreas de la administración pública.

La causa judicial se centra en la mansión de Villa Rosa, valuada oficialmente en más de 17 a 20 millones de dólares, atribuida a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA y mano derecha de Claudio "Chiqui" Tapia. La propiedad, que anteriormente perteneció a Carlos Tevez, está registrada a nombre de personas sin capacidad económica para justificar la compra, lo que ha disparado sospechas de lavado de dinero y administración fraudulenta. La investigación ha generado una disputa de competencia entre juzgados provinciales y federales, con el juez Marcelo Aguinsky rechazando inhibirse y la Cámara Federal de San Martín encargada de decidir el futuro del expediente.

El entorno de Yofe sostiene que la causa carece de sustento y que el allanamiento es una represalia por sus denuncias. Elisa Carrió ha denunciado públicamente el uso selectivo de la Justicia para disciplinar a opositores y proteger intereses políticos, mientras que sectores judiciales advierten sobre presiones y maniobras para frenar investigaciones sensibles. Por su parte, los acusados niegan cualquier vínculo con Toviggino y rechazan las acusaciones de extorsión y lavado de dinero.

El episodio vuelve a poner en discusión el rol del Poder Judicial en causas de alto impacto político y económico, y refuerza las denuncias sobre la utilización de sectores del sistema judicial para proteger intereses de poder y desalentar el avance de investigaciones que incomodan a estructuras consolidadas. La resolución de la competencia judicial y el avance de la investigación serán claves para determinar el alcance y las consecuencias de este caso en el escenario político argentino.