Manuel Adorni, jefe de Gabinete de la Nación, enfrenta una fuerte polémica tras la revelación de que su esposa, Bettina Angeletti, lo acompañó en el avión presidencial durante un viaje oficial a Nueva York, así como por un vuelo privado a Punta del Este. La controversia se centra en el posible uso indebido de bienes públicos y la presunta violación de la Ley de Ética Pública, que prohíbe a los funcionarios emplear recursos estatales para beneficio personal o de familiares.

La Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) abrió un expediente preliminar para analizar si existieron delitos o irregularidades administrativas en ambos viajes. Paralelamente, la justicia federal investiga denuncias por malversación de fondos y enriquecimiento ilícito, presentadas por legisladores y opositores. Según fuentes judiciales, las pesquisas se encuentran en una etapa inicial y aún no hay imputaciones formales.

Adorni defendió su accionar, asegurando que la invitación a su esposa fue realizada por Presidencia y que no se incurrió en gastos adicionales para el Estado. Sin embargo, en 2024, el propio Adorni había anunciado un decreto que restringe el uso de aeronaves oficiales a actividades estrictamente públicas, lo que alimentó las críticas y el debate sobre la coherencia de su conducta.

El Gobierno reaccionó con un respaldo cerrado a Adorni. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, expresó en redes sociales su "apoyo total e incondicional" al jefe de Gabinete, mientras que ministros y funcionarios replicaron mensajes similares, atribuyendo la polémica a "operaciones mediáticas" y campañas de desprestigio impulsadas por la oposición. El presidente Javier Milei también se sumó a la defensa pública.

En el Congreso, la oposición exigió explicaciones y transparencia, mientras que algunos sectores del oficialismo reconocieron que el episodio podría haberse manejado con mayor prolijidad. Analistas en ética pública advirtieron sobre la importancia de respetar la normativa vigente y evitar precedentes que debiliten la confianza en las instituciones.

El caso se inscribe en una larga serie de controversias sobre el uso de bienes públicos por parte de funcionarios, un tema recurrente en la política argentina. Las investigaciones en curso determinarán si hubo irregularidades y cuáles serán las consecuencias para los involucrados.