La Legislatura de Santa Fe sancionó la nueva Ley Orgánica de Municipios, considerada un hito institucional tras la reforma constitucional de 2025. La norma, que regirá para los 365 gobiernos locales de la provincia, fue aprobada en la Cámara de Diputados con el respaldo del bloque oficialista Unidos y algunos aliados, mientras que la oposición, integrada por el PJ, la izquierda y sectores celestes, votó en contra. El Senado, por su parte, convalidó los cambios técnicos y otorgó sanción definitiva en la misma jornada.

El debate en Diputados fue intenso y estuvo marcado por la polarización política. El oficialismo defendió la ley como una herramienta de modernización y fortalecimiento de la autonomía municipal. "Estamos sancionando una gran ley, infinitamente superior al mensaje del Ejecutivo", afirmó el diputado socialista Joaquín Blanco, quien destacó el consenso alcanzado en la estructura institucional de los municipios y la promoción de la participación política y la representación de las minorías.

La presidenta de la Cámara de Diputados, Clara García, subrayó que la nueva ley responde a las demandas actuales y otorga más herramientas de gestión a los gobiernos locales, especialmente en planificación, transparencia y control. "Es la mejor ley orgánica de municipios del país y por eso estamos ante un hecho histórico", sostuvo García.

Sin embargo, la oposición cuestionó la falta de recursos y la supuesta "autonomía de papel" que otorga la norma. Marcos Corach, del PJ, señaló: "No estamos dispuestos a convalidar una cáscara vacía. Es una autonomía sin recursos ni herramientas". Lucila De Ponti, del Movimiento Evita, consideró que la ley es "vaga" y no genera certidumbre a los gobiernos locales, mientras que otros legisladores opositores criticaron la falta de diálogo y la exclusión de propuestas alternativas.

La ley establece el marco general de funcionamiento, competencias y organización institucional de los municipios, fija la duración de los mandatos en cuatro años con una sola reelección y promueve mecanismos de participación ciudadana como audiencias públicas, referéndum y presupuesto participativo. Además, prevé la creación de áreas metropolitanas y órganos de control compartidos entre ciudades.

El nuevo marco legal será complementado por futuras leyes de coparticipación y régimen electoral, que buscarán completar la modernización del Estado provincial iniciada con la reforma constitucional. El impacto de la ley dependerá, en parte, de la discusión sobre la distribución de recursos y la implementación de nuevas herramientas de gestión local.