El reciente cruce entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el abogado vinculado a la AFA, Gregorio Dalbón, puso en el centro de la escena la investigación judicial por presunta evasión impositiva que involucra a la cúpula del fútbol argentino. La causa, impulsada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), investiga a Pablo Toviggino, tesorero de la AFA, y a Claudio "Chiqui" Tapia, presidente de la entidad, por la supuesta retención indebida de más de 19.000 millones de pesos en impuestos y aportes previsionales entre 2024 y 2025.

El conflicto escaló cuando Dalbón, tras acompañar a Toviggino a declarar ante el juez Diego Amarante, afirmó ante la prensa que el caso era "absolutamente político" y que podría resolverse con la intervención de Karina Milei. La funcionaria respondió de inmediato a través de la red social X: "Conmigo ustedes no tienen nada que arreglar. Están en manos de la Justicia y si son culpables tendrán que pagar con todo el peso de la ley. Fin". Esta declaración fue respaldada por el ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, quien subrayó que "el debido proceso y la independencia judicial se encuentran garantizados" y que el Ejecutivo no intervendrá en causas judiciales.

Durante la jornada, Toviggino se presentó en los tribunales federales de Comodoro Py, donde entregó un escrito de descargo y evitó responder preguntas. La defensa de Toviggino sostiene que la causa carece de sustento jurídico y que la AFA opera bajo un régimen especial. Por su parte, Dalbón insistió en que el Estado busca controlar la AFA y que la investigación responde a intereses políticos.

El caso se da en un contexto de tensión entre el Gobierno y la AFA, alimentado por la reciente designación de Mahiques en el Ministerio de Justicia y rumores de posibles acuerdos, que fueron desmentidos por las autoridades. Además, la AFA enfrenta otras investigaciones por lavado de dinero y administración fraudulenta.

El desenlace de la causa dependerá de la decisión del juez Amarante y de la Cámara en lo Penal Económico, que deberá determinar si existen elementos para avanzar o cerrar la investigación. Mientras tanto, el Gobierno insiste en su postura de no intervención y en la necesidad de que la Justicia actúe con independencia.