La desaparición de Loan Peña, el niño de cinco años visto por última vez el 13 de junio de 2024 en la localidad de 9 de Julio, Corrientes, continúa siendo uno de los casos más conmocionantes y complejos de la Argentina. A más de un año del hecho, la Justicia ha reactivado la búsqueda con nuevos rastrillajes en cuatro lagunas de la zona, lugares que nunca habían sido explorados en los operativos iniciales.

Las autoridades han descartado la hipótesis narco y de trata de personas, y ahora centran los esfuerzos en la posibilidad de hallar restos óseos para cotejo de ADN. “Si lo encontramos, serán huesitos, porque otra cosa no vamos a encontrar”, advirtieron fuentes de la investigación, reflejando la crudeza y el avance de la causa. El operativo, autorizado por la jueza Cristina Posser-Pensel, involucra buzos, drones, brigadas especializadas y la posibilidad de drenar por completo los espejos de agua.

Un testigo reservado aportó información clave sobre una laguna junto al naranjal, donde Loan fue visto por última vez, lo que llevó a la Justicia a enfocar allí los nuevos esfuerzos. La familia del niño, representada por un nuevo abogado, mantiene la esperanza y reclama que la búsqueda no se detenga. Mientras tanto, siete sospechosos continúan detenidos bajo prisión preventiva por "sustracción y ocultamiento" del menor, entre ellos familiares y policías.

El caso ha estado marcado por múltiples hipótesis, desde accidente vehicular hasta secuestro y encubrimiento. El ADN de Loan fue hallado en vehículos de dos imputados, Carlos Pérez y Victoria Caillava, reforzando la línea investigativa sobre su posible traslado tras el hecho. La Cámara Federal confirmó la existencia de un "plan orquestado" para sustraer al niño, aunque aún no se ha logrado establecer el paradero ni el motivo exacto de la desaparición.

La investigación se reinicia con nuevos procedimientos y un enfoque renovado, mientras la familia y la sociedad argentina siguen esperando respuestas. El juicio por la desaparición de Loan aún no tiene fecha de inicio, pero la expectativa crece ante los últimos avances judiciales y operativos. El caso pone en evidencia la necesidad de mejorar los protocolos de búsqueda y la actuación institucional en situaciones de desaparición de menores.