Treinta trabajadores rurales, incluidos dos menores de edad, fueron rescatados de condiciones de explotación laboral en dos establecimientos agropecuarios de la zona rural de Pozo Borrado, en el norte de Santa Fe. El operativo, realizado por fuerzas provinciales y nacionales, reveló que los trabajadores, en su mayoría oriundos de Los Juríes, Santiago del Estero, vivían hacinados en campamentos improvisados, sin acceso a agua potable ni instalaciones sanitarias, y sometidos a jornadas laborales de diez horas diarias sin descanso.

Las autoridades informaron que los salarios, de aproximadamente 300 mil pesos quincenales, se veían reducidos por descuentos aplicados por los empleadores por la comida provista, dejando a los trabajadores con ingresos mínimos. “Al final casi no nos quedaba nada”, relató uno de los peones a los investigadores. Además, se constató que los trabajadores tenían prohibido salir de los predios y carecían de medios de comunicación, lo que agravaba su situación de vulnerabilidad.

El procedimiento fue encabezado por la División de Coordinación contra el Trabajo Ilegal de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (Renatre), la Policía de Investigaciones (PDI) y la Guardia Rural Los Pumas, bajo la supervisión del fiscal federal Jorge Gustavo Onel. Durante los allanamientos se secuestraron vehículos, teléfonos celulares y un cuaderno con anotaciones que podría ser clave para la investigación.

Dos hombres, identificados como W.A.Q. (55) y M.L.L. (22), ambos de Santiago del Estero, fueron detenidos como presuntos responsables de la explotación. La Justicia investiga si actuaban de manera conjunta o como parte de una estructura de explotación mayor que podría abarcar otros establecimientos rurales de la región. “Se trata de una causa de enorme gravedad”, señalaron fuentes judiciales, destacando la presencia de menores entre las víctimas y la existencia de un circuito de contratación irregular que afecta a trabajadores de provincias vecinas.

Tras el rescate, las víctimas recibieron asistencia médica, psicológica y social, y los 17 trabajadores de Los Juríes fueron trasladados de regreso a su ciudad de origen bajo custodia policial. La causa avanza con posibles imputaciones por reducción a la servidumbre, trata de personas con fines de explotación laboral y violación de la Ley Nacional de Trabajo Agrario. El testimonio de las víctimas será clave para el avance de la investigación, mientras las autoridades buscan identificar a otros posibles responsables y prevenir la repetición de estos hechos.