La crisis en la cobertura médica de las Fuerzas Armadas y de Seguridad en Argentina ha alcanzado niveles críticos tras la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA) y la creación de la nueva Obra Social de las Fuerzas Armadas (OSFA). A pesar de los anuncios oficiales, miles de militares y sus familias permanecen sin acceso a servicios médicos esenciales en todo el país.

En ciudades como Mar del Plata y Mendoza, hospitales clave han suspendido la atención a afiliados por deudas impagas, dejando a más de 20.000 personas en Mar del Plata y 17.000 en Mendoza sin cobertura. La situación se replica en Trelew, Bahía Blanca, Tucumán y otras provincias, donde los afectados deben afrontar los costos de consultas y cirugías de su propio bolsillo. “Cualquier consulta o cirugía mayor hay que pagarla del bolsillo”, relatan los damnificados.

El trasfondo de la crisis incluye denuncias de desvío de fondos y corrupción durante la gestión del exministro de Defensa, Luis Petri. Un préstamo de $40.000 millones del Instituto de Ayuda Financiera, originalmente destinado a equipamiento médico, habría sido utilizado para cubrir deudas operativas, elevando el déficit de la obra social a más de $210.000 millones. La vicepresidenta Victoria Villarruel y la diputada Lourdes Arrieta han acusado públicamente a Petri de vaciamiento y desfinanciamiento, señalando que la crisis afecta a militares activos, retirados, personal civil y veteranos de Malvinas.

El gobierno, por su parte, defiende la creación de OSFA y la designación de un nuevo directorio, prometiendo una gestión más eficiente y transparente. Sin embargo, la nueva estructura aún no ha logrado restablecer la cobertura médica, y crecen las demandas judiciales y las protestas de los afiliados. “Es preocupante que no responda aún por el vacío que dejó en IOSFA”, expresó Villarruel en redes sociales.

El caso de un suboficial retirado que intentó suicidarse por falta de atención médica ha generado conmoción y visibilizado la gravedad de la crisis. Mientras tanto, asociaciones de suboficiales convocan a protestas nacionales y exigen la incorporación de representantes al directorio de la obra social.

La crisis sanitaria de los uniformados se enmarca en un contexto de reestructuración estatal y dificultades financieras, con un sistema de salud militar que aún no encuentra solución efectiva. El futuro de la cobertura médica para las Fuerzas Armadas y de Seguridad sigue siendo incierto, mientras la presión social y política aumenta para que se tomen medidas urgentes.