El futbolista Matías Orihuela, defensor de San Martín de San Juan, fue detenido el lunes en la Ruta Nacional 7, a la altura de Potrerillos, Mendoza, tras un altercado con la policía vial durante un control de tránsito. El episodio, que rápidamente se viralizó en redes sociales y medios, expuso versiones contrapuestas entre la policía y la familia del jugador.

Según el parte oficial, Orihuela fue interceptado por cruzar una doble línea amarilla. Los agentes sostienen que el futbolista reaccionó de manera hostil, se negó a firmar el acta de infracción, rompió el documento y agredió físicamente a un oficial, quien sufrió lesiones leves. Por estos hechos, Orihuela fue imputado por resistencia a la autoridad, amenazas y lesiones, y trasladado a la comisaría local.

En contraste, la esposa del jugador, Yamila, denunció que su marido fue víctima de violencia policial y discriminación. "Matías se acerca cuando le dan la multa, el policía le dice: 'No sé si sabes leer porque sos un negro ignorante que juega al fútbol'. Entonces nunca le dan la multa para firmar ni leerla", relató. Según su testimonio, el jugador fue agredido física y verbalmente sin motivo, y la situación se agravó cuando intentó explicar su versión de los hechos.

El incidente fue grabado por la familia y los videos ya están en manos de la Justicia. La jueza Amalia Yornet, a cargo del Juzgado Penal N°2 de Mendoza, concedió la libertad bajo fianza a Orihuela, fijando una suma de $10.000.000, la entrega de su pasaporte y la obligación de presentarse semanalmente ante la Justicia. Además, se le prohibió salir del país mientras avanza la investigación.

El club San Martín de San Juan emitió un comunicado calificando el procedimiento policial como "arbitrario e ilegítimo" y expresó preocupación por la situación del jugador. El presidente del club, Jorge Miadosqui, cuestionó el accionar de la justicia mendocina y pidió garantías para el futbolista.

El caso generó un intenso debate público sobre el accionar policial y los derechos de los ciudadanos, con opiniones divididas en redes sociales y medios de comunicación. Mientras la investigación judicial continúa, el episodio pone en el centro de la escena la relación entre fuerzas de seguridad y figuras públicas en Argentina.