La Cámara Federal de San Martín ordenó la liberación de Eva Mieri, concejala de Quilmes, y Alesia Abaigar, funcionaria bonaerense, quienes permanecían detenidas por su presunta participación en un escrache frente a la casa del diputado José Luis Espert en San Isidro. Mieri estuvo 13 días en el penal de Ezeiza, mientras que Abaigar cumplió 22 días de detención, los primeros 10 en Ezeiza y el resto bajo prisión domiciliaria.

Ambas fueron acusadas de delitos graves, entre ellos atentado contra el orden público, amenazas coactivas agravadas e incitación al odio político, tras arrojar estiércol y colgar pasacalles en la vivienda de Espert. La jueza federal Sandra Arroyo Salgado había impuesto condiciones estrictas y una caución de 30 millones de pesos a Abaigar, cifra que la Cámara redujo a 2 millones por considerarla "desproporcionada frente a la naturaleza del hecho objeto del proceso y las condiciones personales de la encausada".

En su fallo, los jueces Alberto Lugones y Néstor Barral descartaron riesgos procesales que justificaran la continuidad de la detención, señalando que Mieri colaboró con la investigación y no evidenció intención de fuga. Además, criticaron la falta de respaldo técnico sobre el supuesto vaciado del celular de Mieri, uno de los argumentos utilizados para negar la excarcelación.

La resolución judicial fue celebrada por referentes kirchneristas y organizaciones de derechos humanos, quienes denunciaron una "persecución política" y exigieron el cierre de la causa. Mayra Mendoza, intendenta de Quilmes, expresó: "Es un acto de justicia frente a tanta prepotencia, agravio y persecución política". Por su parte, Abaigar calificó su detención como "un show mediático" y reafirmó su compromiso con la militancia política.

El caso se inscribe en un contexto de alta tensión política y debate sobre el uso de la prisión preventiva y la proporcionalidad de las medidas judiciales en Argentina. Arroyo Salgado, jueza de causas de alto perfil, enfrenta críticas y pedidos de juicio político por parte del kirchnerismo. Las liberadas mantienen la prohibición de acercarse a Espert y de salir del país, mientras la investigación continúa en libertad.

La situación ha reavivado el debate sobre la judicialización de la protesta política y el trato a mujeres militantes, en un escenario marcado por la polarización y la confrontación entre distintos sectores políticos.