El Sindicato Argentino de Televisión (SATSAID) logró un principio de entendimiento con la Asociación de Teleradiodifusoras Argentinas (ATA) y la Cámara Argentina de Productoras Independientes de Televisión (CAPIT) para el período julio-septiembre 2025. El preacuerdo establece un incremento salarial del 10%, que será aplicado de manera escalonada sobre todos los conceptos remunerativos y no remunerativos vigentes a junio de 2025.

La propuesta, presentada por las empresas, afecta a canales abiertos y productoras de todo el país, bajo los Convenios Colectivos de Trabajo 131/75 y 634/11. Los pagos realizados por las empresas desde el 1 de julio podrán ser absorbidos hasta su concurrencia con lo pactado en el acuerdo. El Consejo Directivo Nacional del SATSAID resolvió convocar asambleas de personal en todos los canales, productoras y plataformas de streaming para poner a consideración la propuesta salarial. Estas asambleas se realizarán hasta el viernes 18 de julio, y los resultados deberán ser informados antes de las 17 horas de ese día.

En caso de que la propuesta sea aprobada por los trabajadores, ambas partes volverán a reunirse el 15 de septiembre para revisar el impacto inflacionario del acuerdo y comenzar la negociación paritaria correspondiente al período 2025-2026. Esta revisión responde a la necesidad de ajustar los salarios frente a la evolución de la inflación, una práctica habitual en el contexto económico argentino.

El acuerdo se enmarca en las negociaciones paritarias regulares entre el sindicato y las cámaras empresariales del sector audiovisual, que ha enfrentado desafíos económicos en los últimos años. La convocatoria a asambleas refleja la importancia de la participación de los trabajadores en la definición de sus condiciones salariales. Las empresas han mostrado disposición a absorber pagos realizados a cuenta desde julio, lo que podría facilitar la implementación del acuerdo. Se espera que la revisión de septiembre permita ajustar el incremento según la evolución de la inflación, garantizando así la protección del poder adquisitivo de los trabajadores del sector.