Desde este sábado, la provincia de Santa Fe implementa el nuevo Código Procesal Penal Juvenil, una reforma que transforma el abordaje judicial de los delitos cometidos por adolescentes de entre 16 y 18 años. La normativa, sancionada por la Ley 14.228, elimina la tradicional Justicia de Menores y transfiere la investigación y persecución penal al Ministerio Público de la Acusación (MPA), que asume la competencia exclusiva en estos casos.

El nuevo régimen, que se aplica a delitos con penas mínimas de dos años de prisión, implica la creación de Unidades Fiscales Especializadas en cada circunscripción y una unidad provincial de coordinación, la UFERPA, a cargo de la fiscal Carla Cerliani. Más de 60 empleados y nueve fiscales provenientes de las antiguas asesorías de menores y secretarías penales se incorporan al MPA, mientras que la Corte Suprema de Justicia de Santa Fe organizó capacitaciones obligatorias para todos los operadores judiciales involucrados en la transición.

La reforma también contempla la adaptación de los sistemas informáticos Heimdall y Clio, que centralizan y trazan los expedientes de menores, y la habilitación de nuevas sedes del MPA en Santa Fe, Rosario y otras localidades. El traspaso institucional incluye expedientes, jueces, funcionarios y personal administrativo, quienes ahora integran la estructura funcional del MPA o los Colegios de Jueces Penales de Primera Instancia.

Entre las novedades, el sistema prevé herramientas como el juicio abreviado, la probation y criterios diferenciados para la prisión preventiva, evitando el alojamiento conjunto de adolescentes y adultos. Las penas, en caso de corresponder, se cumplirán a partir de la mayoría de edad en espacios especialmente habilitados.

La fiscal general María Cecilia Vranicich calificó la reforma como "un paso trascendental para todo el sistema judicial santafesino", subrayando que el nuevo modelo es más transparente, eficaz y acorde a los estándares constitucionales. Fiscales y operadores judiciales destacaron la importancia de la capacitación y el enfoque restaurativo, que prioriza evitar condenas y aplicar sanciones proporcionales a la edad y contexto del adolescente. Además, se promueve la participación activa de las víctimas en el proceso.

La implementación del nuevo Código Procesal Penal Juvenil se da en el marco de un debate más amplio sobre la reforma de la Constitución Provincial y la necesidad de dotar al MPA de autonomía funcional y financiera. El proceso es acompañado de medidas de transición y capacitación para garantizar la correcta aplicación del nuevo régimen legal y la protección de los derechos de adolescentes y víctimas.