La empresa Unionbat, dedicada a la fabricación de baterías para la industria automotriz, cerró de manera sorpresiva su planta en Gualeguaychú, Entre Ríos, dejando a más de 100 trabajadores sin empleo. La decisión, comunicada en muchos casos a través de mensajes de WhatsApp, generó un fuerte repudio entre los empleados, quienes instalaron un acampe y una guardia permanente frente a la fábrica para evitar el retiro de maquinaria y reclamar respuestas sobre su futuro laboral.

Según informaron fuentes gremiales y medios locales, la empresa atribuyó el cierre a una caída en las ventas y a una reestructuración que concentrará la producción en su planta de San Martín, provincia de Buenos Aires. Sin embargo, los trabajadores y representantes sindicales aseguran que no hubo señales previas de un cese definitivo de actividades y que la planta funcionaba normalmente hasta el día anterior al anuncio. "No nos avisaron nada, pedimos respuestas y no las tuvimos", relató un operario con más de 20 años de antigüedad.

El gremio que representa al sector denunció que la empresa venía abonando los salarios de manera fraccionada, pero nunca anticipó el cierre total. La mayoría de los despedidos tenía entre 15 y 25 años de antigüedad y estaba próxima a jubilarse, lo que agrava el impacto social de la medida. "Queremos trabajar, no queremos las indemnizaciones. Están rompiendo el tejido social", expresó Martín Gómez, delegado sindical.

La empresa, por su parte, aseguró que las desvinculaciones se instrumentan conforme al marco legal y agradeció el aporte de los trabajadores. Mientras tanto, los empleados anunciaron que presentarán una denuncia ante la Secretaría de Trabajo de Entre Ríos para reclamar por la situación y resguardar sus derechos laborales.

El cierre de Unionbat se produce en un contexto de crisis industrial nacional, con una caída significativa en la actividad manufacturera y el cierre de más de 1.000 empresas en Entre Ríos desde diciembre de 2023. El caso ha generado preocupación en la comunidad local y entre las autoridades, por el impacto en el empleo y la economía regional. El conflicto permanece abierto, a la espera de una intervención estatal que aporte soluciones para los trabajadores afectados.