La Municipalidad de Bahía Blanca confirmó que debe abonar al Gobierno nacional más de 43 millones de pesos por el alquiler de dos puentes Bailey instalados por el Ejército Argentino tras la trágica inundación del 7 de marzo, que dejó 18 víctimas fatales y destruyó la infraestructura vial sobre el Canal Maldonado. La medida, oficializada mediante decretos municipales en septiembre pero retroactiva a junio, generó un fuerte debate político y social en la ciudad.

Según los convenios firmados, cada puente tiene un costo de 17.670.949,44 pesos por un período de tres meses, con opción de renovación, y se suma un seguro de más de 8 millones de pesos. Los puentes, ubicados en las calles Malvinas y Santa Cruz, permiten la circulación de vehículos livianos y son considerados vitales para la conectividad de los barrios más afectados. El acuerdo establece que el Ejército provee recursos humanos y materiales, además de mantener soldados en los puentes para su control y mantenimiento diario.

El secretario de Obras Públicas local, Gustavo Trankels, explicó que la decisión de pagar el alquiler se tomó para evitar que el Ejército retirara las estructuras, lo que habría dejado incomunicados a varios sectores de la ciudad. "Era una forma de poder reconectar la ciudad en esos barrios. Pero después nos plantearon que para continuar con la prestación de esos puentes, Bahía Blanca tenía que pagar por eso", señaló Trankels.

La noticia generó críticas de funcionarios municipales, opositores y referentes sociales, quienes consideran que el cobro representa una carga injusta para una ciudad aún en emergencia. La diputada nacional Victoria Tolosa Paz calificó la medida como "una muestra más de crueldad" y reclamó que el Estado debe asistir y no facturar en situaciones de desastre.

Desde el Gobierno nacional, se argumenta que el canon cubre los costos de mantenimiento y el trabajo del personal militar asignado a los puentes. Además, se recuerda que durante la emergencia inicial no se cobró alquiler, pero que la medida es necesaria para sostener la operatividad de las estructuras.

El conflicto se da en un contexto de reclamos por la falta de fondos y obras nacionales para la reconstrucción de Bahía Blanca. El Gobierno vetó recientemente un fondo especial de $200.000 millones aprobado por el Congreso, y persisten las quejas por la omisión de obras clave en el presupuesto 2026. La reconstrucción definitiva de los puentes y del canal está prevista para comenzar en 2026 y finalizar en 2028, según las autoridades provinciales.