El Gobierno nacional dispuso en enero de 2026 el descongelamiento de los salarios para ministros, secretarios y subsecretarios, otorgando aumentos que, en algunos casos, superan el 120% en los primeros meses del año. La medida, formalizada a través del DNU 931/2025, excluyó al presidente Javier Milei y a la vicepresidenta Victoria Villarruel, quienes mantienen sus haberes congelados desde el inicio de la gestión.

Según información oficial, los ministros pasaron de percibir $3.584.006 en diciembre de 2025 a $8.020.866 en mayo de 2026. Los secretarios y subsecretarios también vieron duplicados sus ingresos, en un contexto de inflación acumulada del 194% desde el último ajuste. El Gobierno justificó la decisión argumentando la necesidad de retener personal calificado y equiparar los salarios con las responsabilidades asumidas, tras dos años de haberes inalterados.

"Un esquema de autoridades superiores profesionalizadas y adecuadamente remuneradas, en combinación con mecanismos estrictos de control, transparencia y rendición de cuentas, fortalece la integridad institucional del Estado nacional", señala el decreto firmado por Milei, el jefe de Gabinete Manuel Adorni y el ministro del Interior Diego Santilli.

La decisión se tomó luego de la victoria electoral de 2025, que consolidó el poder del oficialismo y permitió avanzar con reformas en el Congreso. Sin embargo, la medida generó críticas por contradecir el discurso de austeridad y ajuste sobre la "casta política" que caracterizó a la gestión desde su inicio. Además, el contexto político se vio tensionado por investigaciones judiciales sobre funcionarios y cuestionamientos a la transparencia en el manejo de fondos públicos.

Mientras tanto, los salarios de Milei y Villarruel permanecen congelados en $4.066.018 y $3.764.821 respectivamente, en contraste con los aumentos otorgados al resto del Gabinete. El promedio salarial de los empleados estatales nacionales, según el gremio ATE, es de $1.200.000, lo que evidencia la brecha con la cúpula del Ejecutivo. El Gobierno sostiene que la recomposición salarial es inferior a la inflación acumulada y necesaria para garantizar la eficiencia del Estado, aunque la polémica por el ajuste y la equidad salarial sigue abierta en la agenda pública.