Las recientes declaraciones de la vicejefa de Gobierno porteño, Clara Muzzio, en las que calificó a la Educación Sexual Integral (ESI) como una "trampa mortal" y sostuvo que "destruyó la cabeza" de los niños, generaron una fuerte polémica en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires. Durante una sesión especial destinada al informe de gestión del jefe de Gabinete, Gabriel Sánchez Zinny, legisladores de distintos bloques centraron sus intervenciones en repudiar los dichos de Muzzio y exigir explicaciones al Ejecutivo.

Muzzio, quien preside la Legislatura, defendió una visión biológica binaria del sexo y cuestionó la inclusión de la perspectiva de género en los contenidos escolares. "Sostengo que hay dos sexos, el masculino y el femenino, y uno nace con eso", afirmó en entrevistas y publicaciones en redes sociales. Además, vinculó la ESI con la caída de la natalidad y criticó el feminismo y el aborto, lo que fue interpretado por la oposición como un retroceso en materia de derechos y diversidad.

Legisladores como Leandro Santoro (peronismo), Vanina Biasi (izquierda) y Manuela Thourte (UCR) exigieron una retractación pública y defendieron la ESI como una herramienta fundamental para la prevención de abusos y la promoción de derechos. "El 80% de los niños, niñas o adolescentes que denunciaron abusos fue tras una clase de ESI en la escuela", argumentó Santoro, citando datos oficiales y de organizaciones civiles.

El debate se trasladó a la opinión pública y motivó la intervención de referentes sociales y políticos. El diputado nacional Esteban Paulón (Partido Socialista) envió una carta documento a Muzzio exigiendo una retractación bajo amenaza de denuncia penal por discriminación e incumplimiento de deberes de funcionaria pública.

La ESI, vigente en la Ciudad desde 2006 y a nivel nacional desde el mismo año, cuenta con amplio consenso legislativo y social. Diversos estudios y organismos internacionales destacan su impacto positivo en la detección de abusos, la reducción de embarazos adolescentes y la promoción de derechos.

El oficialismo porteño, a través de Sánchez Zinny, aseguró el cumplimiento de la normativa vigente y la protección integral de niños, niñas y adolescentes, aunque dejó abierta la posibilidad de revisar y fortalecer las políticas implementadas. El episodio reavivó el debate sobre educación, derechos y políticas públicas en la Ciudad, en un contexto de creciente polarización política y social.