El Senado argentino se encuentra en el centro de una disputa política por el tratamiento de proyectos que impactan directamente en la educación, la salud y la estructura estatal. La oposición, encabezada por el bloque Unión por la Patria (UxP), busca avanzar con la derogación de cinco decretos presidenciales firmados por Javier Milei, así como la sanción de leyes que garantizan el financiamiento de las universidades nacionales y la declaración de emergencia sanitaria en el área pediátrica.

La estrategia opositora consiste en reunir el quórum necesario de 37 senadores, para lo cual UxP, con 34 bancas propias, negocia apoyos con miembros de la Unión Cívica Radical y el PRO. "Estoy trabajando en eso", afirmó José Mayans, jefe de la bancada de UxP, en referencia a las gestiones para asegurar la presencia de los senadores en la sesión. Sin embargo, el oficialismo, liderado por La Libertad Avanza, ha optado por retrasar el debate, apelando al cierre de listas electorales y al feriado de la semana próxima como factores que dificultan la convocatoria.

La semana pasada, la Cámara de Diputados rechazó decretos que afectaban organismos culturales, Vialidad Nacional, el Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) y el Banco Nacional de Datos Genéticos. Estos decretos continúan vigentes hasta que el Senado también los rechace, lo que mantiene en vilo a diversos sectores afectados.

En paralelo, los proyectos de financiamiento universitario y emergencia pediátrica, aprobados en Diputados, esperan ser tratados en comisiones del Senado. El financiamiento universitario contempla una recomposición presupuestaria indexada por inflación y un incremento salarial para docentes y no docentes, con un impacto fiscal anualizado estimado en $133.433 millones. La emergencia pediátrica, impulsada por UxP y apoyada por la mayoría opositora, busca garantizar el funcionamiento de hospitales como el Garrahan y mejorar las condiciones laborales del personal de salud.

El presidente Milei ha defendido públicamente el equilibrio fiscal y amenazó con pedir prisión para legisladores que aprueben aumentos de gasto, mientras desde el oficialismo se acusa a la oposición de buscar ventajas políticas y desestabilizar el gobierno. Por su parte, los opositores argumentan que los proyectos responden a necesidades sociales urgentes y critican el bloqueo oficialista en las comisiones.

El futuro de estos proyectos depende de la capacidad de la oposición para reunir apoyos y sortear los obstáculos reglamentarios y políticos impuestos por el oficialismo. En un contexto marcado por la campaña electoral y recientes derrotas legislativas del gobierno, el Senado se prepara para una definición que podría tener consecuencias significativas en la política nacional y en áreas clave como la salud y la educación.