Las elecciones provinciales en Formosa, celebradas este domingo 29 de junio, se desarrollaron en un clima de alta tensión política y denuncias cruzadas. La jornada estuvo marcada por la controversia generada por una resolución del Tribunal Electoral Permanente (TEP), que estableció que los fiscales generales debían ser oriundos del departamento donde pretendían actuar. Esta medida, emitida en plena veda electoral, fue rechazada de inmediato por la oposición, que la consideró una maniobra para limitar la fiscalización y favorecer al oficialismo.

Gabriela Neme, candidata a diputada provincial por el Frente Amplio Formoseño, denunció públicamente que la disposición del TEP obstaculiza el control opositor en el interior de la provincia. "Lo que hace el Tribunal es inventar una norma para obstaculizar la fiscalización", afirmó Neme, quien anticipó que no acatarían la resolución y advirtió sobre posibles detenciones o expulsiones de fiscales opositores. Además, relató incidentes como el retiro de urnas sin supervisión en algunas escuelas y la remoción de fiscales por presiones o incentivos.

Por su parte, el abogado y candidato Juan Montoya, de Formosa Avanza, acusó al TEP de ser un organismo ilegítimo y denunció la aplicación de un "piso" para la distribución de bancas en la Convención Constituyente, calificándolo de inconstitucional y diseñado para excluir a las minorías opositoras. Montoya advirtió que, de concretarse estas maniobras, la oposición recurrirá nuevamente a la Corte Suprema de Justicia.

El oficialismo, encabezado por el gobernador Gildo Insfrán, buscó consolidar su poder en medio de las críticas y la reciente intervención de la Corte Suprema, que cuestionó la legalidad de su reelección indefinida. Insfrán, con 29 años en el poder, evitó declaraciones públicas durante la jornada y apostó a un triunfo contundente para deslegitimar el fallo judicial y mantener el control político.

La elección, que incluyó la votación de convencionales constituyentes con capacidad para reformar la Constitución provincial, se desarrolló con baja participación ciudadana, atribuida al mal clima y al descontento social. Organizaciones civiles y observadores participaron en el proceso para garantizar la transparencia, aunque la tensión y las denuncias persistieron hasta el cierre de los comicios.

El resultado de estas elecciones podría tener implicancias significativas para el futuro político de Formosa, especialmente en lo que respecta a la permanencia de Insfrán y la posible reforma constitucional que habilite nuevas reelecciones.