La Justicia argentina autorizó que el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, visite a la ex presidenta Cristina Kirchner en el departamento donde cumple prisión domiciliaria, en el barrio porteño de Monserrat. La decisión fue tomada por el juez Jorge Gorini, quien aceptó el pedido presentado por la defensa de Kirchner para que Lula pueda ingresar al domicilio el jueves 3 de julio, tras la Cumbre del Mercosur.

La resolución judicial establece que Cristina Kirchner debe cumplir estrictamente las reglas de conducta impuestas, entre ellas la de no perturbar la tranquilidad del vecindario. Solo familiares, abogados, custodios y médicos pueden ingresar sin autorización previa; cualquier otra visita, como la de Lula, requiere permiso judicial. La defensa de la ex presidenta, encabezada por Carlos Beraldi, apeló estas restricciones ante la Cámara Federal de Casación Penal, que analizará el caso en los próximos días.

El encuentro entre Lula y Cristina se produce en un contexto de alta tensión política y judicial. Lula, quien también fue condenado y encarcelado en Brasil antes de regresar a la presidencia, expresó su apoyo a Kirchner tras la confirmación de su condena por corrupción. "Observé con satisfacción la serenidad y determinación con la que Cristina enfrenta esta situación adversa y su determinación a seguir luchando", manifestó el mandatario brasileño.

Mientras tanto, los fiscales federales argentinos han solicitado que Cristina Kirchner cumpla su condena en una cárcel común y no en prisión domiciliaria. La Cámara de Casación también deberá resolver sobre la apelación de la defensa para eliminar la tobillera electrónica que porta la ex presidenta.

El encuentro entre ambos líderes sudamericanos, que se concretará tras la agenda oficial de Lula en la Cumbre del Mercosur, es interpretado como un gesto político de apoyo y solidaridad. Sin embargo, sectores diplomáticos brasileños han manifestado reservas sobre el impacto de la reunión en la relación bilateral con el gobierno argentino. El desarrollo de este caso continuará siendo seguido de cerca tanto en Argentina como en Brasil, a la espera de nuevas definiciones judiciales y políticas.