El fiscal federal de Salta, Carlos Amad, solicitó el desafuero del diputado nacional Emiliano Estrada, integrante de La Cámpora, en el marco de una investigación por presunto uso indebido de fondos públicos para financiar campañas de desinformación contra rivales políticos. La causa, que ha captado la atención nacional, se centra en la supuesta utilización de recursos del Congreso para montar una "usina de fake news" en redes sociales, principalmente dirigida contra el gobernador salteño Gustavo Sáenz, empresarios y periodistas.

La investigación se intensificó luego de que dos exasesores de Estrada, Florencia Arias Bustamante y Javier Alonso Allemand, admitieran su participación en la difusión de contenido difamatorio y fueran condenados a un año y cuatro meses de prisión condicional, además de un año de inhabilitación para ejercer cargos públicos. Ambos reconocieron haber seguido instrucciones directas del diputado, aunque argumentaron que consideraban estas tareas como parte de sus responsabilidades laborales y no eran conscientes de su ilegalidad.

El proceso judicial se vio marcado por un conflicto de competencias entre la justicia federal de Salta y los tribunales de Comodoro Py en Buenos Aires. El juez Sebastián Casanello y el fiscal Guillermo Marijuan solicitaron que la causa se trasladara a la capital, alegando que los fondos involucrados provenían del Congreso Nacional y que los hechos se habrían producido en el despacho del legislador. Sin embargo, la jueza federal Mariela Giménez resolvió que el expediente permanezca en Salta, respaldando la postura del fiscal Amad y de la defensa de Estrada.

El fiscal Amad fundamentó su pedido de desafuero en presuntas violaciones a la Ley de Ética Pública, abuso de autoridad y peculado de servicios. "El pedido de desafuero contra Estrada estará basado en violaciones a la Ley de Ética Pública por abuso de autoridad y peculado de servicios", declaró Amad. La defensa del diputado, por su parte, anticipó que apelará la medida y reiteró su apoyo a que la causa continúe en la jurisdicción salteña.

El caso ha reavivado el debate sobre la inmunidad parlamentaria y el uso de recursos estatales para fines políticos, generando repercusión tanto en el ámbito judicial como en el político nacional. Se espera que el avance de la causa y la eventual decisión sobre el desafuero de Estrada tengan implicancias significativas para el tratamiento de delitos vinculados a la corrupción y la ética pública en Argentina.