Argentina dio un giro en su política de propiedad intelectual farmacéutica al derogar la resolución de 2012 que imponía restricciones al patentamiento de medicamentos. La nueva normativa, formalizada mediante una resolución conjunta de los ministerios de Salud, Economía y el Instituto Nacional de la Propiedad Industrial (INPI), otorga a este organismo la facultad de evaluar cada solicitud de patente de manera individual, sin los condicionamientos previos que dificultaban la llegada de terapias innovadoras al país.

La medida responde a compromisos asumidos en acuerdos comerciales con Estados Unidos y busca alinear a Argentina con los estándares internacionales, facilitando la integración en cadenas globales de investigación y producción. El gobierno sostiene que la reforma fortalecerá la seguridad jurídica, atraerá inversiones y permitirá el acceso a tratamientos más modernos.

La Cámara Argentina de Especialidades Medicinales (CAEME), que agrupa a laboratorios extranjeros, celebró la decisión y destacó que "es un paso fundamental para generar un entorno más previsible para la inversión, la investigación y el desarrollo en salud". Por su parte, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (CILFA) expresó su preocupación por el posible aumento de monopolios y precios, advirtiendo sobre el fenómeno del "evergreening", donde innovaciones menores extienden la vigencia de patentes y dificultan la competencia de genéricos y biosimilares.

El ahorro estimado por la producción local de genéricos y biosimilares alcanzaba hasta 3.321 millones de dólares anuales, según CILFA. Sin embargo, la nueva normativa establece que los medicamentos ya comercializados podrán seguir en el mercado sin restricciones ni pagos retroactivos, buscando evitar un impacto inmediato en precios y abastecimiento.

El debate se traslada ahora al Congreso, donde se discutirá la adhesión al Tratado de Cooperación de Patentes (PCT), con fuerte lobby de ambos sectores. El gobierno defiende la medida como una modernización necesaria, mientras que sectores diplomáticos critican la falta de beneficios comerciales concretos a cambio de la concesión. El resultado de este proceso definirá el modelo de inserción internacional de Argentina y el equilibrio entre innovación, acceso y protección de la industria local.