La Corte Suprema de Justicia de la Nación confirmó la condena a 14 años de prisión para Samuel Josué Figueroa, un pastor evangélico de El Maitén, Chubut, hallado culpable de abusar sexualmente de su hijastra durante al menos siete años. El fallo del máximo tribunal nacional revierte una decisión previa del Superior Tribunal de Justicia de Chubut, que había anulado el juicio y la sentencia por un tecnicismo relacionado con los plazos procesales, sin considerar el contexto excepcional de la pandemia de Covid-19.

Los hechos ocurrieron entre 2000 y 2007, cuando la víctima tenía entre 8 y 14 años. Figueroa, pareja de la madre de la menor y figura central en el hogar y la comunidad religiosa, utilizó su posición de poder y amenazas para mantener el silencio de la víctima. El juicio se realizó en marzo de 2020 en Esquel, pero la imposición de la pena se retrasó hasta agosto debido a restricciones sanitarias, problemas climáticos y logísticos derivados de la pandemia.

El Superior Tribunal de Justicia de Chubut anuló el proceso argumentando que se había excedido el plazo máximo permitido entre el veredicto y la audiencia de cesura. Sin embargo, la Procuración General de la provincia apeló ante la Corte Suprema, señalando que la demora fue consecuencia directa de las restricciones impuestas por los decretos presidenciales y que ninguna de las partes sufrió un perjuicio real. Además, advirtió que repetir el juicio implicaría una grave revictimización para la denunciante, quien ya había manifestado su negativa a declarar nuevamente.

La Corte Suprema, con las firmas de los ministros Rosatti, Rosenkrantz y Lorenzetti, consideró que los plazos procesales no pueden estar por encima de la protección de las víctimas de violencia sexual ni del sentido común frente a una emergencia sanitaria inédita. El fallo restituye la validez del proceso llevado adelante por el Ministerio Público Fiscal y encamina la confirmación de la condena, por lo que Figueroa deberá cumplir la pena efectiva.

El caso es considerado un precedente importante en la protección de los derechos de las víctimas y en la interpretación flexible de los procedimientos judiciales en contextos excepcionales. Organismos de derechos humanos y la Procuración General celebraron la decisión como un avance en la lucha contra la impunidad en delitos de abuso sexual.