Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta y actual titular del Partido Justicialista, comenzará a cumplir su condena de seis años de prisión bajo la modalidad de arresto domiciliario en su departamento del barrio Constitución, en la Ciudad de Buenos Aires. La decisión se produce tras la confirmación de la sentencia por parte de la Corte Suprema de Justicia, que también ratificó su inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos en el marco de la causa Vialidad, relacionada con corrupción en la obra pública durante su gestión.

El fiscal Diego Luciani presentó un detallado inventario de bienes embargados a Cristina Kirchner y otros ocho condenados, con el objetivo de recuperar cerca de 500 millones de dólares que, según la Justicia, fueron sustraídos al Estado. Entre los bienes figuran propiedades en Buenos Aires y Santa Cruz, cuentas bancarias, sociedades familiares y sumas millonarias en efectivo. El departamento de San José 1111, donde la ex mandataria residirá, fue adquirido en 2015 y está valuado entre 265.000 y 300.000 dólares. La propiedad, actualmente embargada en otra causa judicial, se ha convertido en un punto de concentración para militantes y seguidores, quienes mantienen una vigilia constante en apoyo a la ex presidenta.

El abogado defensor, Alberto Beraldi, argumentó que Cristina Kirchner, de 72 años, cumple con los requisitos legales para acceder al arresto domiciliario, una medida habitual para personas mayores de 70 años. El Tribunal Oral Federal N°2 deberá ahora definir los detalles de la ejecución de la pena, mientras la Justicia avanza en el decomiso de bienes para resarcir el daño económico al Estado, estimado en 85.000 millones de pesos.

La causa Vialidad investigó la adjudicación irregular de 51 licitaciones viales en Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante las administraciones kirchneristas. El fallo de la Corte Suprema aceleró los procedimientos judiciales y generó un fuerte impacto político y social. Mientras la militancia kirchnerista denuncia una persecución política y proscripción, la Justicia sostiene que la condena responde a hechos comprobados de corrupción que provocaron un daño social sin precedentes. El caso sigue generando repercusiones en el escenario político argentino y plantea interrogantes sobre el futuro de la ex presidenta y el proceso de recuperación de activos estatales.