La reforma laboral impulsada por el gobierno argentino superó la instancia del Senado y se encamina hacia su tratamiento en la Cámara de Diputados, en medio de una fuerte controversia política y social. El proyecto, que busca modernizar la legislación laboral, ha sido objeto de críticas tanto por su contenido como por el proceso legislativo que lo acompaña.

Abogados laboralistas y constitucionalistas advierten que la reforma podría desencadenar una ola de litigiosidad, especialmente en puntos sensibles como la restricción del derecho a huelga, la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) y los cambios en las licencias por enfermedad. Matías Cremonte, presidente de la Asociación Latinoamericana de Abogados Laboralistas, explicó que "la declaración de inconstitucionalidad se hace caso por caso y para el caso concreto", lo que podría llevar a una acumulación de fallos judiciales en distintos aspectos de la ley.

Uno de los cambios más polémicos es la modificación de las licencias por enfermedad, que ahora prevé una reducción del salario al 50% o 75% según la causa de la incapacidad, y limita los plazos de cobertura. Julián De Diego, abogado laboralista y asesor del Gobierno, señaló que "el cambio es tan sustantivo que puede quebrar 60 años de historia de la enfermedad y el accidente inculpable como se venía tramitando en la ley de contrato de trabajo".

El proceso legislativo también fue blanco de críticas. Diego Armesto, abogado constitucionalista, cuestionó la falta de lectura y debate técnico en el Senado, afirmando que "lo grave es votar sin leer". Desde la oposición y los sindicatos, como la CGT, se denuncia que la reforma fue aprobada sin un análisis riguroso y se anticipan acciones legales y protestas.

El oficialismo, por su parte, sostiene que la reforma es indispensable para fomentar el empleo formal y adaptar la normativa a los nuevos desafíos productivos, asegurando que no se eliminan derechos esenciales. Sin embargo, la discusión se da en un clima de alta conflictividad, con protestas en las calles y advertencias de paros generales.

A medida que el proyecto avanza en el Congreso, el debate sobre su constitucionalidad y su impacto en los derechos laborales promete continuar tanto en el ámbito judicial como en el político y social.