El Decreto 273/2025, firmado por el presidente Javier Milei, ha generado una fuerte controversia en diversos sectores industriales de Argentina. La medida elimina el Certificado de Importación de Bienes Usados (CIBU), vigente desde 1994, y permite la importación de maquinaria y bienes de capital usados sin necesidad de trámites previos. Según el gobierno, esta decisión busca reducir costos, facilitar la recapitalización económica y fomentar la apertura del mercado.

Sin embargo, la medida ha sido duramente criticada por representantes de la industria naval, metalúrgica y agrícola. Vito Contessi, referente de astilleros en Mar del Plata, calificó la decisión como "un gravísimo error" que pone en riesgo miles de empleos y fomenta la entrada de tecnología obsoleta. Contessi recordó que políticas similares en el pasado llevaron al colapso de astilleros y tragedias laborales. "Hoy es un día de mucha tristeza para la industria argentina", afirmó.

En Santa Fe, la Federación Industrial (Fisfe) expresó su preocupación por el impacto en polos productivos clave, como el de maquinaria agrícola, que genera más de 50,000 empleos. En un comunicado, señalaron que la medida expone a la industria local a una competencia desleal y desincentiva la modernización tecnológica. Rafael Catalano, de la Asociación de Industriales Metalúrgicos de Rosario, advirtió que "el que más va a salir perjudicado es el trabajador".

Por su parte, el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger, defendió la medida como una solución para pequeños y medianos empresarios que necesitan acceder a maquinaria a menor costo. "No permitir que sus trabajadores accedan a máquinas y equipos a menor precio es, sencillamente, cruel", afirmó en redes sociales. Además, destacó que la eliminación del CIBU es un paso hacia la apertura económica y la reactivación del país.

El decreto también tiene implicaciones internacionales. Según el gobierno, la medida responde a observaciones del Departamento de Comercio de Estados Unidos y busca cumplir con requisitos para avanzar en un acuerdo de aranceles preferenciales. Sin embargo, críticos señalan que la política se asemeja más a las de países subdesarrollados que a las de economías avanzadas.

En conclusión, el Decreto 273/2025 ha polarizado opiniones en Argentina. Mientras el gobierno lo presenta como un avance hacia la modernización y la competitividad, sectores industriales advierten sobre sus riesgos para el empleo, la seguridad laboral y la calidad de los productos. El debate continúa, con implicaciones significativas para el futuro de la industria nacional.