El gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela, anunció la reintroducción de la cuasimoneda provincial conocida como "Chacho" para afrontar aumentos salariales de los empleados estatales, en medio de una profunda crisis económica y financiera que afecta a la provincia y al país. La medida, que ya fue utilizada en el pasado como herramienta de emergencia, busca sostener el poder adquisitivo de los trabajadores públicos ante la falta de recursos y la caída de la actividad económica.

Quintela explicó que los bonos, denominados oficialmente Bonos de Cancelación de Deuda (BOCADE), no serán utilizados para el pago de aguinaldos, sino exclusivamente para incrementos salariales. "No quiero que pierdan, quiero que se pierda lo menos posible", afirmó el mandatario, quien también remarcó las dificultades para abonar sueldos y aguinaldos debido a la falta de apoyo financiero del gobierno nacional. La provincia había solicitado un adelanto de coparticipación de $85.000 millones, pero hasta el momento no recibió respuesta.

El presidente del Centro Comercial e Industrial de La Rioja, Juan Keulian, advirtió que una emisión limitada de los "Chachos" podría tener un efecto positivo acotado, pero alertó sobre los riesgos de una emisión masiva, que podría devaluar el bono y complicar el comercio local. "Si usted emite una cantidad muy grande de Chachos, se van a empezar a devaluar porque el comerciante tiene que salir a cambiarlos por pesos para pagar a los proveedores", explicó Keulian.

La situación de La Rioja se enmarca en un contexto nacional de recesión, con cierres de comercios, pymes y caída de la industria, según coincidieron los gobernadores del Norte Grande en una reciente reunión. Quintela criticó la gestión del presidente Javier Milei y reclamó mayor federalismo y recursos para las provincias. "Todos los gobernadores nos tendríamos que poner de acuerdo, porque toda la riqueza la producen las provincias", sostuvo.

La Rioja es actualmente la única provincia argentina en default y enfrenta una fuerte dependencia del empleo público, con más de 80 mil empleados estatales frente a unos 28 mil trabajadores privados registrados. Empresarios y comerciantes locales insisten en la necesidad de fortalecer el sector privado y atraer inversiones para lograr una recuperación económica sostenible.