El Senado argentino se encuentra en el centro de una fuerte disputa política que podría redefinir el equilibrio de poder entre el Gobierno y la oposición. Esta semana, la Cámara alta podría autoconvocarse a una sesión impulsada por una mayoría opositora, con el objetivo de tratar un paquete de proyectos que incluyen la distribución de fondos a las provincias, aumentos a jubilaciones, prórroga de la moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad.

La iniciativa cuenta con el respaldo transversal de los gobernadores de las 23 provincias y la Ciudad de Buenos Aires, quienes buscan obligar al Poder Ejecutivo a repartir los Aportes del Tesoro Nacional (ATN), una porción del impuesto a los combustibles y recursos de fondos fiduciarios que, según argumentan, les corresponden. Además, los proyectos sociales ya cuentan con media sanción de la Cámara de Diputados, lo que aumenta la presión sobre el Gobierno de Javier Milei.

El oficialismo, por su parte, intenta frenar el avance de la oposición mediante resoluciones administrativas. El secretario parlamentario del Senado, Agustín Giustinian, declaró inválidos los dictámenes de comisión sobre jubilaciones y discapacidad, argumentando que no se cumplieron los procedimientos reglamentarios. Sin embargo, la oposición sostiene que tiene el quórum y los dos tercios necesarios para avanzar con la sesión, incluso sin la convocatoria formal de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

En este contexto, los gobernadores, incluidos algunos tradicionalmente aliados del Gobierno, han manifestado su intención de avanzar con la aprobación de los proyectos si no hay una oferta de negociación por parte de la Casa Rosada. "Si está el número, habrá sesión", afirmó el presidente de la bancada de Unión por la Patria, José Mayans, en diálogo con la vicepresidenta.

El impacto fiscal de las medidas propuestas es significativo. Según estimaciones, el costo podría superar los 2 billones de pesos, lo que representa un desafío para el equilibrio fiscal que el presidente Milei defiende como pilar de su gestión. Desde el oficialismo advierten que la aprobación de estas leyes podría poner en riesgo la estabilidad económica y provocar un regreso al déficit y la inflación.

El desenlace de esta pulseada parlamentaria es incierto, pero su resultado tendrá profundas implicancias para la relación entre el Ejecutivo y el Congreso, especialmente en la antesala de las elecciones legislativas nacionales. La capacidad del Gobierno para negociar y mantener el control parlamentario será puesta a prueba en un escenario de máxima tensión política.