La investigación por el crimen de Érika Antonella Álvarez en Tucumán ha dado un giro tras la declaración de Justina Gordillo, secretaria judicial y pareja de Felipe “El Militar” Sosa, principal imputado en la causa. Gordillo, detenida y procesada por presunta colaboración en el ocultamiento del cuerpo y eliminación de pruebas, brindó un extenso testimonio ante el fiscal Pedro Gallo, en el que identificó a 17 personas del entorno de Sosa que podrían estar vinculadas al caso.

El cuerpo de Álvarez fue hallado el 8 de enero en un descampado de Manantial Sur. Siete días después, Sosa fue detenido en Pilar, provincia de Buenos Aires, y trasladado a Tucumán, donde se le dictó prisión preventiva. Según la investigación, Sosa no habría actuado solo y habría contado con ayuda para ocultar el cadáver y eliminar pruebas. La declaración de Gordillo, mantenida en reserva durante varios días, aportó detalles sobre los momentos previos y posteriores al crimen, incluyendo la entrega de un teléfono celular rosa, presuntamente de la víctima, a un allegado de Sosa.

Gordillo negó haber participado directamente en el homicidio y rechazó versiones sobre un supuesto encuentro sexual con la víctima y Sosa. Sin embargo, admitió haber estado en la vivienda del acusado tras el hecho y relató que Sosa le pidió ayuda porque una joven se había descompensado. Además, mencionó que Sosa mantenía relaciones paralelas con varias mujeres, algunas con problemas de adicción, y que él mismo le confesó haber vendido éxtasis en fiestas electrónicas en el pasado.

La investigación también explora posibles vínculos con el narcomenudeo, ya que Sosa figura en otra causa por presunta comercialización de drogas sintéticas. Sus defensores rechazan cualquier relación con el tráfico de estupefacientes y sostienen que solo padece problemas de adicción. Por su parte, la pareja de la víctima, Carlos Ferreyra, tiene antecedentes por narcotráfico, lo que añade complejidad al caso.

La fiscalía mantiene en reserva la identidad de los posibles cómplices para no entorpecer la pesquisa. Mientras tanto, los abogados de Gordillo solicitarán su excarcelación o arresto domiciliario. El caso sigue abierto y la Justicia busca determinar el grado de responsabilidad de cada involucrado, en un contexto donde el homicidio y las sospechas de narcotráfico aparecen estrechamente entrelazados.