Un médico cardiólogo y un enfermero de Wheelwright, Santa Fe, fueron detenidos tras ser acusados de fraude millonario al PAMI y posesión ilegal de estupefacientes. La investigación, liderada por fiscales federales, reveló que el cardiólogo Martín Andrada y su pareja, el enfermero Martín P., almacenaban en su domicilio 243 ampollas de fentanilo usadas y 50 de morfina sin utilizar, junto con otros insumos médicos.

El caso comenzó con una auditoría del PAMI que detectó irregularidades en la facturación de servicios médicos. Según los fiscales, Andrada afirmó haber atendido a más de 5,000 afiliados y realizado más de 50,000 prácticas médicas entre 2023 y 2025. Sin embargo, las auditorías revelaron que muchas de estas prácticas eran imposibles de realizar en el tiempo declarado y que algunas se registraron a nombre de pacientes fallecidos.

El allanamiento en Wheelwright, autorizado por el juez Aurelio Cuello Murua, permitió descubrir no solo los medicamentos controlados, sino también materiales quirúrgicos y registros médicos que respaldan las acusaciones. Los fiscales Federico Reynares Solari y Daniela Ghiorzi presentaron pruebas que llevaron al juez a dictar prisión preventiva por 90 días para ambos imputados.

El fraude al PAMI, estimado en $700 millones, es parte de una investigación más amplia que abarca varias provincias argentinas. En este caso, se calcula que $580 millones ya fueron abonados al médico. Las auditorías del PAMI han sido clave para detectar estas irregularidades, que incluyen órdenes médicas electrónicas falsas y facturación sin respaldo.

Este caso pone de relieve los desafíos que enfrenta el sistema de salud en Argentina, especialmente en la supervisión de los servicios médicos. Desde el PAMI, se ha destacado la importancia de las auditorías para garantizar la transparencia y evitar futuros fraudes. Mientras tanto, la comunidad médica ha expresado preocupación por el impacto de estos casos en la confianza pública.

Se espera que las investigaciones continúen y se amplíen a otros profesionales que podrían estar involucrados en prácticas similares. Este caso subraya la necesidad de reforzar los controles en el sistema de salud para proteger tanto a los pacientes como a las instituciones públicas.