El nuevo Código Procesal Penal Federal (CPPF) comenzó a regir en la provincia de Santa Fe el 6 de mayo de 2024, instaurando un sistema acusatorio y adversarial que busca agilizar y transparentar la justicia federal. Bajo este nuevo esquema, los fiscales asumen la investigación y la acusación de los delitos, mientras que los jueces se limitan a garantizar el cumplimiento de la ley y a juzgar, dejando atrás el antiguo sistema mixto en el que los magistrados también investigaban.

La implementación del CPPF implica que los procesos sean orales, públicos y sin expediente físico, con un plazo máximo de 36 meses para su resolución, salvo en casos complejos como narcotráfico o trata de personas, donde puede extenderse hasta seis años. Además, se promueve el uso de acuerdos de colaboración y técnicas especiales de investigación, como agentes encubiertos y entregas vigiladas, para enfrentar delitos complejos.

Sin embargo, la reforma enfrenta un serio desafío: la falta de jueces federales. Actualmente, de los 11 juzgados bajo la órbita de la Cámara Federal de Apelaciones de Rosario, seis están vacantes y los cinco restantes operan con sobrecarga, situación que la jueza Silvina María Andalaf Casiello calificó como "delicada y preocupante". "El 55% de los juzgados federales de la jurisdicción están vacantes", advirtió la magistrada, señalando que esto afecta la eficiencia y la calidad del servicio de justicia.

La Cámara Federal de Rosario notificó formalmente a la Corte Suprema, al Consejo de la Magistratura y al Poder Ejecutivo Nacional sobre la urgencia de cubrir las vacantes. Mientras tanto, el Ministerio Público Fiscal reorganizó su estructura para adaptarse al nuevo sistema, con una única unidad fiscal por jurisdicción y áreas especializadas para casos complejos, atención a víctimas y transición de causas previas.

El cambio de sistema también requirió modificaciones edilicias, como la habilitación de nuevos espacios para juicios orales y audiencias públicas. El Ministerio Público Fiscal destaca que el nuevo modelo otorga mayor protagonismo a las víctimas y permite soluciones alternativas en casos de menor complejidad, contribuyendo a descomprimir el sistema judicial.

Aunque la reforma es vista como un avance hacia una justicia más ágil y transparente, la falta de jueces amenaza con limitar su efectividad. La cobertura de vacantes se presenta como un desafío urgente para consolidar el nuevo modelo y responder a las demandas de seguridad y justicia en la provincia de Santa Fe.