El femicidio de Yesica Noelia Duarte, ocurrido el 27 de julio en Berisso, provincia de Buenos Aires, ha generado conmoción y renovado el debate sobre la violencia de género y la efectividad de los sistemas de control para detenidos con arresto domiciliario. Duarte, de 33 años, fue asesinada de dos disparos por su esposo, Nicolás Ángel Castro Oviedo, de 30 años, quien luego intentó quitarse la vida frente al hijo de la víctima, de apenas 7 años.

Ambos convivían en una vivienda de la calle 38 entre 129 y 130, bajo arresto domiciliario y monitoreo con tobilleras electrónicas. Duarte cumplía condena por venta de drogas, mientras que Castro Oviedo tenía antecedentes por homicidio, tenencia ilegal de armas y encubrimiento. La pareja se había casado dos meses antes en la Unidad Penitenciaria N° 9 de La Plata, en una ceremonia colectiva para internos.

Según fuentes policiales y judiciales, el crimen ocurrió tras una discusión en la que Castro le quitó el teléfono a Duarte. El hijo menor presenció el ataque y relató a su hermana mayor que "Nicolás le pegó dos tiros a mamá y después se disparó". La madre del agresor intentó instalar la hipótesis de un robo, pero la investigación la descartó rápidamente por inconsistencias y testimonios directos.

La autopsia confirmó que Duarte recibió dos disparos por la espalda y presentaba signos de golpes. Castro fue hallado con heridas graves, trasladado al Hospital Larraín y permanece bajo custodia policial, a la espera de ser indagado por la fiscal Cecilia Corfield. El caso fue caratulado como homicidio triplemente calificado: por el vínculo, por mediar violencia de género y por el uso de arma de fuego.

El hecho ha puesto en el centro del debate la eficacia de los controles sobre detenidos domiciliarios y la protección de víctimas de violencia de género. Familiares y vecinos señalaron antecedentes de violencia y venta de drogas en la pareja. La fiscalía continúa investigando la posible participación de terceros en la ocultación del arma homicida y el entorno social de la víctima y el agresor. El caso ha generado indignación y renovados pedidos de justicia y revisión de los protocolos de monitoreo electrónico.