El Gobierno de la provincia de Buenos Aires, junto a otras provincias como Chaco y Tucumán, oficializó los cronogramas de pago de sueldos correspondientes a marzo para empleados estatales y docentes. En Buenos Aires, la fecha de cobro para los docentes fue fijada para el jueves 9 de abril, lo que generó un fuerte reclamo por parte de los gremios que integran el Frente de Unidad Docente Bonaerense (FUDB). Los sindicatos consideran que el plazo es "excesivamente extenso" y solicitaron formalmente al gobierno provincial que arbitre los medios para adelantar el pago al lunes 6 de abril, antes del fin de semana largo de Semana Santa.

El cronograma bonaerense establece pagos escalonados para distintos organismos estatales, comenzando el 31 de marzo y extendiéndose hasta el 9 de abril. El acuerdo salarial vigente contempla un aumento del 7,5% para el bimestre marzo-abril, con una suba del 5% en marzo y otro 2,5% en abril, además del 1,5% otorgado en febrero.

En la provincia de Chaco, el gobierno confirmó que los jubilados y pensionados cobrarán el 31 de marzo, mientras que los empleados activos percibirán sus haberes el 1 de abril. El Ejecutivo chaqueño remarcó que el esquema garantiza el pago en tiempo y forma, con acreditaciones nocturnas en cajeros automáticos y disponibilidad por ventanilla bancaria al día siguiente.

Por su parte, Tucumán iniciará el pago de sueldos el 28 de marzo, distribuyendo los pagos por organismos y etapas, incluyendo salud, educación, seguridad y otros sectores estatales. No se reportaron conflictos gremiales en esta provincia.

La coincidencia de los pagos con el feriado de Semana Santa ha generado preocupación entre los trabajadores bonaerenses, quienes esperan que el gobierno revise el cronograma para evitar demoras que afecten su economía. Mientras tanto, en Chaco y Tucumán, los pagos se desarrollan según lo previsto, sin mayores inconvenientes. El desarrollo de estos cronogramas refleja la importancia de la previsibilidad salarial en el sector público argentino y la sensibilidad de los trabajadores ante eventuales demoras, especialmente en contextos de alta inflación y necesidades económicas apremiantes.