Cristina Fernández de Kirchner, ex presidenta de la Nación y actual referente de la oposición, comenzó este martes a cumplir una condena de seis años de prisión domiciliaria por corrupción, tras la confirmación de la Corte Suprema. El Tribunal Oral Federal N°2 dispuso que la ex mandataria permanezca en su domicilio del barrio de Constitución, en la ciudad de Buenos Aires, bajo estrictas reglas de conducta y con el uso obligatorio de una tobillera electrónica.

La resolución judicial, firmada por los jueces Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, establece que Kirchner no podrá abandonar su domicilio salvo por razones de fuerza mayor debidamente justificadas y deberá abstenerse de realizar acciones que alteren la tranquilidad del vecindario. Además, solo podrá recibir visitas de un grupo reducido de familiares, abogados y médicos, mientras que cualquier otra persona requerirá autorización judicial.

La notificación fue entregada personalmente en su domicilio, evitando así el traslado de la ex presidenta a los tribunales federales, una medida que buscó reducir la tensión social ante la convocatoria de una masiva movilización de apoyo. El peronismo, sindicatos y organizaciones sociales trasladaron la protesta a la Plaza de Mayo, mientras el Gobierno nacional reforzó la seguridad y valló la Casa Rosada para prevenir incidentes.

El Gobierno, por su parte, evitó pronunciarse oficialmente sobre la situación de Kirchner y mantuvo su agenda institucional, aunque monitorea de cerca las movilizaciones. "El Poder Ejecutivo no tiene nada que hacer comentando una resolución del Poder Judicial. No corresponde", señalaron fuentes cercanas al presidente Javier Milei.

La defensa de Kirchner, que considera la condena un caso de persecución política y judicial, anticipó que recurrirá a instancias internacionales. Los fiscales, en cambio, sostienen que no existen razones humanitarias para la prisión domiciliaria y critican el trato diferencial respecto a otros condenados.

La causa Vialidad, que motivó la condena, investigó el direccionamiento de la obra pública en Santa Cruz a favor del empresario Lázaro Báez. Con esta decisión, Kirchner se convierte en la primera ex presidenta argentina en cumplir una condena firme por corrupción, en un contexto de fuerte polarización política y movilización social. El desenlace de este caso podría tener profundas implicancias en la dinámica política y en la reorganización de la oposición de cara al futuro.