El suicidio de Rodrigo Gómez, un soldado de 21 años que prestaba servicios de custodia en la Quinta de Olivos, ha puesto en el centro del debate público la problemática de las extorsiones digitales que se gestan desde cárceles argentinas. El hecho ocurrió el 16 de diciembre, cuando Gómez, tras ser víctima de una sofisticada maniobra de extorsión, decidió quitarse la vida.

Según la investigación judicial, la banda delictiva contactó a Gómez a través de una aplicación de citas, haciéndose pasar por una menor de 17 años y su madre. Posteriormente, un supuesto policía lo amenazó con iniciar acciones legales si no realizaba transferencias de dinero. En menos de 24 horas, el joven fue presionado y terminó entregando más de 1,4 millones de pesos. En su carta de despedida, Gómez pidió perdón a su familia y agradeció al Ejército, dejando en claro el profundo impacto emocional de la extorsión: “No quiero ser más una carga para todos… Lo lamento mucho”.

La jueza federal Sandra Arroyo Salgado y el fiscal Federico Iuspa confirmaron que la organización operaba desde las unidades penitenciarias de Magdalena y Olmos, y que siete personas, entre ellas los cabecillas y colaboradoras externas, fueron detenidas. La investigación reveló que la banda utilizaba identidades falsas y cuentas de terceros para dificultar el rastreo del dinero.

El caso generó fuertes críticas al gobierno bonaerense por parte de la familia de Gómez, que denunció la falta de controles y la permisividad en el uso de celulares dentro de las cárceles. “Eso pasa por la ineficiencia del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires… avalan que tengan celulares en las cárceles”, declaró el padre del soldado. La familia también lamentó la ausencia de contacto oficial tras el hecho.

La difusión de la carta, autorizada por los familiares, busca visibilizar el impacto de las estafas digitales y la necesidad de políticas más estrictas para prevenir estos delitos. El caso de Rodrigo Gómez se suma a una serie de episodios similares y reaviva el debate sobre la seguridad en los penales y la protección de las víctimas de extorsión digital en Argentina.