Marcelo D'Alessio, conocido como el "falso abogado", fue condenado a 13 años y medio de prisión por el Tribunal Oral Federal N°8, tras ser hallado culpable de liderar una organización dedicada al espionaje ilegal, la extorsión y el lavado de dinero. La sentencia, que también alcanzó a exagentes de inteligencia y empresarios, es el resultado de un extenso juicio oral que se prolongó durante casi dos años y que involucró a más de un centenar de testigos y una vasta cantidad de pruebas digitales.

La investigación se inició en enero de 2019, cuando el empresario Pedro Etchebest denunció haber sido extorsionado por D'Alessio, quien le exigió 300.000 dólares para evitar que su nombre apareciera en la llamada "causa de los cuadernos". A partir de esta denuncia, se destapó una compleja red que operaba mediante la obtención de información confidencial de organismos estatales, utilizada para coaccionar a víctimas bajo la amenaza de involucrarlas en causas judiciales o exponerlas mediáticamente.

El tribunal consideró probado que D'Alessio y sus cómplices, entre ellos dos exagentes de la Agencia Federal de Inteligencia, conformaron dos asociaciones ilícitas: una orientada al espionaje y la extorsión, y otra al lavado internacional de activos. Los empresarios y financistas implicados recibieron penas de prisión en suspenso, mientras que otros acusados fueron absueltos.

Durante el proceso, se revelaron vínculos de la organización con funcionarios judiciales, fuerzas de seguridad, periodistas y empresarios. La ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, reconoció haber mantenido reuniones con D'Alessio, aunque lo calificó de "trucho" y "loco". El fiscal Carlos Stornelli, inicialmente procesado en la causa, fue finalmente sobreseído y no llegó a juicio.

El fallo ordena continuar la investigación sobre el circuito internacional de lavado de dinero y la posible participación de otros funcionarios y agentes estatales. El caso D'Alessio ha puesto en evidencia la existencia de redes de connivencia entre sectores de inteligencia, justicia y medios de comunicación, y plantea interrogantes sobre la profundidad de estas prácticas en la vida institucional argentina. Se espera que la publicación de los fundamentos del fallo y las investigaciones en curso arrojen más luz sobre el alcance real de la organización y sus conexiones.