La Justicia Federal de La Plata procesó y embargó a Hugo y Gastón Mazzacane, presidente y vicepresidente de la Asociación de Corredores de Turismo Carretera (ACTC), junto a otros empresarios y sociedades vinculadas, en una causa por evasión fiscal e insolvencia fraudulenta. El perjuicio estimado al Estado nacional asciende a $3.965.225.508, según informaron fuentes judiciales y el Ministerio Público Fiscal.

La investigación, encabezada por la fiscal federal Laura Roteta y el juez Alejo Ramos Padilla, se inició tras una denuncia de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA), que detectó inconsistencias fiscales entre 2021 y 2024 en la firma Quilmes Tolosa S.A., propiedad de la familia Mazzacane. Según la acusación, durante al menos una década se habrían realizado maniobras como ventas no registradas, desvío de fondos, contabilidad paralela y traspasos de bienes para reducir la carga tributaria y dificultar el cobro de impuestos.

El procesamiento alcanza a cinco empresarios, entre ellos Juan Manuel Mazzacane, y a varias sociedades, incluyendo Quilmes Tolosa S.A. y otras firmas vinculadas. Como parte de las medidas cautelares, la Justicia dispuso el embargo de más de 100 vehículos, siete inmuebles y once cuentas bancarias, con el objetivo de asegurar el recupero de los activos y el cobro de la deuda tributaria.

Durante la investigación se realizaron allanamientos en domicilios y sedes comerciales, donde se secuestró documentación contable, societaria y financiera relevante, además de dinero en efectivo. La fiscalía reconstruyó la estructura societaria del grupo económico y verificó la existencia de circuitos de ventas no registradas y traspasos patrimoniales.

No es la primera vez que la familia Mazzacane enfrenta problemas judiciales. Hugo Mazzacane ya había sido investigado en 2018 por facturación apócrifa vinculada al automovilismo, mientras que Gastón Mazzacane también enfrenta una denuncia por abuso sexual. Ambos continúan en la cúpula de la ACTC, entidad que organiza el Turismo Carretera, una de las competencias más populares del deporte argentino.

El caso sigue en etapa de instrucción y las medidas cautelares buscan garantizar que el Estado pueda recuperar los fondos presuntamente evadidos. La investigación cuenta con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) y otras oficinas especializadas en recupero de activos.