El caso de Miguel Alejandro Vargas Nehuen, condenado por el femicidio de Ana Calfín en Esquel, ha generado una fuerte polémica en el ámbito judicial y social. Vargas, declarado culpable por un jurado popular, se fugó de su prisión domiciliaria antes de la audiencia de cesura en la que se fijaría su condena. La fuga, ocurrida el 15 de abril de 2025, ha puesto en cuestión las decisiones del juez Jorge Novarino, quien permitió que el condenado permaneciera en prisión domiciliaria pese a los riesgos procesales advertidos por la fiscalía.

El femicidio de Ana Calfín ocurrió el 6 de agosto de 2023, cuando Vargas la roció con combustible y la prendió fuego, causándole graves quemaduras que le provocaron la muerte tras dos semanas de agonía. Durante el juicio, la fiscalía presentó pruebas contundentes de violencia física y económica en la relación, mientras que la defensa argumentó que se trató de un accidente doméstico. El jurado popular declaró a Vargas culpable de homicidio agravado por el vínculo y por violencia de género el 11 de abril de 2025.

La fuga de Vargas activó un operativo internacional que incluye la colaboración de Interpol y fuerzas de seguridad chilenas, ya que se sospecha que el prófugo cruzó la frontera hacia Futaleufú, Chile. El ministro de Seguridad de Chubut, Héctor Iturrioz, aseguró que la recaptura es inminente y criticó duramente al juez Novarino por su decisión de mantener la prisión domiciliaria. "Claramente se equivocó. Los riesgos procesales estaban", afirmó Iturrioz, quien también señaló el alto costo en recursos que implica la búsqueda del prófugo.

La comunidad local y la familia de Ana Calfín han expresado su indignación y tristeza por la fuga, destacando los esfuerzos realizados para visibilizar el caso y exigir justicia. "Es muy indignante porque desde 2023 veníamos esperando que se haga justicia y que justo se fugue es triste", declaró Daniela Santillán, sobrina de la víctima.

El caso ha reavivado el debate sobre el uso de la prisión domiciliaria en casos de extrema gravedad y la necesidad de reformas en el sistema judicial. En Chubut, el juicio por jurados es una modalidad reciente que separa la etapa de veredicto de culpabilidad de la fijación de la pena, lo que ha generado interpretaciones diversas sobre los procedimientos a seguir en casos como este. Expertos judiciales han señalado que la fuga no anula el juicio, ya que el veredicto de culpabilidad ya fue emitido.

Mientras continúa el operativo para la recaptura de Vargas, el caso pone en evidencia las tensiones y desafíos del sistema judicial en la lucha contra la violencia de género y la protección de las víctimas. La comunidad sigue exigiendo justicia y cuestionando las decisiones que permitieron la fuga del condenado.