El mes de junio comenzó en Argentina con una serie de aumentos en bienes y servicios esenciales que impactarán directamente en el bolsillo de los ciudadanos. Los ajustes abarcan desde tarifas de servicios públicos hasta transporte, alquileres y educación, en un contexto de inflación alta y reducción de subsidios.

En el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), las tarifas de electricidad y gas natural aumentaron un promedio de 2,6% y hasta 2,8%, respectivamente. Por su parte, el servicio de agua, provisto por AySA, tuvo un incremento del 1%. Estos ajustes forman parte de una política de reducción de subsidios implementada por el Gobierno nacional.

El transporte público también sufrió modificaciones. Las tarifas de colectivos en el AMBA aumentaron un 4,8%, mientras que el boleto de subte pasó a costar $963 y el del Premetro $338,50. Además, los peajes porteños registraron subas similares, alcanzando los $3.908,79 en hora pico.

En el ámbito de los combustibles, la nafta y el gasoil incrementaron sus precios en un 1%, debido a la actualización de impuestos como el Impuesto a los Combustibles Líquidos (ICL) y el Impuesto al Dióxido de Carbono (IDC). Este ajuste fue oficializado mediante el Decreto 368/2025.

Los alquileres también registraron un aumento significativo. Los contratos bajo la Ley 27.551 tendrán un ajuste del 80,65%, determinado por el Índice de Contratos de Locación (ICL) del Banco Central. Por ejemplo, un alquiler que en mayo costaba $400.000, ahora pasará a valer $722.581.

En el sector educativo, los colegios privados con aporte estatal aplicaron incrementos de hasta el 6,5%. En la Ciudad de Buenos Aires, las cuotas del nivel inicial y primario oscilan entre $27.250 y $156.220, mientras que en la Provincia de Buenos Aires los valores van de $34.860 a $161.257. En el nivel secundario, las cuotas pueden superar los $239.000 en establecimientos técnicos y especializados.

Las prepagas también ajustaron sus tarifas. Empresas como OSDE, Swiss Medical y Galeno aplicaron subas que van del 2,45% al 2,8%, dependiendo del plan contratado.

El Gobierno defendió estos aumentos como necesarios para la sostenibilidad fiscal y la reducción de subsidios, en un contexto de inflación que busca desacelerarse. Sin embargo, los ciudadanos expresaron preocupación por el impacto en el costo de vida, especialmente en los sectores más vulnerables.

Analistas económicos señalan que, aunque los ajustes podrían contribuir a la desaceleración inflacionaria, también podrían agravar la situación económica de los hogares más afectados por la crisis. En este escenario, el desafío para el Gobierno será equilibrar las necesidades fiscales con el bienestar de la población.