Joel Gabriel “JJ” Ibarra, un hombre de 31 años oriundo del sur de Rosario, volvió a enfrentar un juicio por instigar el asesinato de Maximiliano Daniel “Cordobés” Bazán, ocurrido en marzo de 2023 en barrio Tablada. Ibarra, quien cumple una condena de 20 años por dos homicidios previos, es acusado de haber ordenado el crimen desde la cárcel de Coronda mediante el uso de WhatsApp.

Según la investigación, Ibarra habría contratado a Benjamín Emanuel Farías, de 21 años, y a un cómplice no identificado para ejecutar el asesinato. Bazán fue acribillado en la puerta de su casa, con 14 disparos reportados por la policía. Farías fue detenido el mismo día, portando un chaleco balístico y una pistola 9 milímetros. La Fiscalía sostiene que el crimen fue premeditado y que hubo una promesa remuneratoria, por lo que solicitó prisión perpetua para los implicados.

El caso pone en evidencia la problemática del uso de celulares en cárceles, que permite a reclusos coordinar delitos desde prisión. Ibarra, quien ingresó al sistema penitenciario como preso común, se reconvirtió en actor del crimen organizado, aliándose con otros reclusos y contratando "mano de obra" para delitos violentos.

En diciembre de 2016, Ibarra fue condenado por los homicidios de Nicolás Horacio López y Nicolás Iván Basualdo, ambos ocurridos en febrero de 2013. A pesar de declararse inocente, la condena fue confirmada en segunda instancia en 2017. Además, Ibarra está implicado en el asesinato del policía Leoncio Bermúdez durante un intento de extracción de un preso en el Hospital Provincial en noviembre de 2023, hecho que habría coordinado desde la cárcel de Piñero.

La fiscal Carla Ranciari pidió prisión perpetua para los acusados, y el tribunal está integrado por Mariano Aliau, Pablo Pinto y Paola Aguirre. El caso ha generado preocupación por la seguridad y el control penitenciario en Rosario, donde la violencia organizada desde prisión se ha convertido en una marca registrada de la narcocriminalidad local. Un escrito anónimo en una escuela vinculó a Ibarra con amenazas a docentes y violencia escolar, lo que llevó a la suspensión de clases. El juicio actual busca esclarecer la responsabilidad de Ibarra y sus cómplices, en un contexto de creciente violencia y desafíos para el sistema penitenciario.