El Gobierno nacional y la Corte Suprema de Justicia han iniciado negociaciones para cubrir las numerosas vacantes en el Poder Judicial, una situación que podría afectar más del 40% de los cargos para 2026 si no se resuelve con prontitud. La reactivación de la Corte tras el receso de verano ha puesto en primer plano la urgencia de designar jueces, fiscales y defensores federales, así como de completar la integración del máximo tribunal, actualmente conformado por Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.

Fuentes oficiales confirmaron que el Ejecutivo planea enviar al Senado, a partir de marzo, los pliegos para cubrir casi dos centenares de cargos judiciales, incluyendo dos vacantes en la Corte Suprema. El proceso requerirá el respaldo de dos tercios de los senadores presentes, lo que convierte a la negociación política en un factor determinante. El oficialismo, liderado por el presidente Javier Milei, ha manifestado su intención de evitar acuerdos con el kirchnerismo y buscar apoyos entre senadores vinculados a gobernadores radicales y peronistas.

El ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, ha anticipado su posible salida del cargo, lo que ha desatado una interna en el oficialismo sobre su sucesión. Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, y Santiago Caputo, asesor presidencial, mantienen posturas enfrentadas respecto al perfil del próximo titular de la cartera. Entre los nombres que circulan figuran Guillermo Montenegro y otros dirigentes jóvenes, en un contexto de recambio generacional.

El Gobierno ha incrementado el presupuesto del Poder Judicial en un 280% para 2026, en un intento de fortalecer la institucionalidad y agilizar los procesos judiciales. Sin embargo, la falta de designaciones ha generado preocupación en la Corte Suprema, que exhorta a los tribunales inferiores a acelerar los juicios de corrupción, especialmente aquellos que involucran a figuras como Cristina Kirchner.

En paralelo, el Consejo de la Magistratura, organismo clave en la selección y remoción de jueces, podría experimentar cambios en su equilibrio político durante el año. El oficialismo también concentra esfuerzos en la aprobación de la reforma laboral y otras leyes prioritarias en el Congreso, mientras se mantiene la expectativa sobre el desenlace de las negociaciones judiciales y las implicancias para el sistema institucional argentino.