El Gobierno Nacional y la Provincia de Córdoba han alcanzado un acuerdo histórico sobre la deuda previsional que la ANSES mantenía con la Caja de Jubilaciones de Córdoba. Este entendimiento, firmado ante la Corte Suprema de Justicia, establece un esquema de pagos mensuales de 6.000 millones de pesos durante un año, mientras se realiza una auditoría cruzada para determinar el monto exacto adeudado entre 2019 y 2024. La deuda total, según estimaciones provinciales, podría alcanzar 1 billón de pesos.

El gobernador Martín Llaryora calificó el acuerdo como un avance significativo para la provincia, destacando que los fondos permitirán oxigenar las finanzas públicas y mejorar los haberes de los jubilados provinciales con ingresos mínimos. "Cuando no hay un peso para nadie, llevar a Córdoba una cifra de 60 mil millones de pesos es muy importante. Voy a priorizar a los jubilados y defendimos los intereses de los cordobeses", afirmó Llaryora.

El convenio, que fue firmado ante la Corte Suprema, marca un hito institucional, ya que ninguna otra provincia había logrado un acuerdo similar. Además, establece un precedente que podría influir en reclamos similares de otras provincias con regímenes previsionales no transferidos. La próxima audiencia de seguimiento está programada para noviembre de 2025, donde se evaluará el cumplimiento del acuerdo y el avance en la conciliación previsional.

El ministro de Justicia de Córdoba, Julián López, señaló que la demanda judicial se retirará solo si se llega a un acuerdo sobre la totalidad de la deuda. "La demanda se retirará sólo en el caso que se llegue a un acuerdo sobre la totalidad de la deuda previsional que reclama Córdoba, la que entendemos rondaría con los valores actualizados el billón de pesos", explicó López.

Desde la Nación, el ministro de Economía, Luis Caputo, también valoró el entendimiento como un paso hacia la normalización institucional. "El Gobierno nacional reconoció formalmente la deuda y presentó una propuesta concreta de pago", afirmó Caputo.

Este acuerdo no solo representa un alivio financiero para Córdoba, sino que también refuerza la calidad institucional en los conflictos entre provincias y el Gobierno Nacional. En redes sociales, Llaryora enfatizó su compromiso con los jubilados y la defensa de los intereses cordobeses, instruyendo al ministro de Economía y Gestión Pública para que los recursos se orienten prioritariamente a mejorar los ingresos de los jubilados de menores recursos.

El conflicto tiene antecedentes en disputas similares entre Córdoba y la Nación, como las ocurridas durante la gestión de José Manuel de la Sota. Sin embargo, a diferencia de enfrentamientos anteriores, este acuerdo se logró mediante el diálogo institucional y sin confrontaciones públicas, lo que también fue celebrado por el equipo de Llaryora.