La Corte Suprema de Justicia de la Nación (CSJN) ha tomado una decisión trascendental al asumir su propia representación legal en las causas en las que sea parte, apartando al Ministerio de Justicia de esta función. Esta medida, formalizada a través de la resolución Nº 931/2025, tiene como objetivo fortalecer la independencia orgánica y funcional del Poder Judicial, así como garantizar una defensa más eficiente en litigios de relevancia institucional y patrimonial.

La Dirección de Asuntos Contenciosos (DAC), un órgano dependiente de la Secretaría Jurídica General, será la encargada de llevar adelante esta tarea. Los letrados de la DAC han sido autorizados a ejercer la abogacía exclusivamente para la defensa de los intereses de la Corte Suprema en ámbitos judiciales, extrajudiciales y administrativos. Además, se ha dispuesto que los honorarios profesionales generados por su actuación sean transferidos a una cuenta bancaria de titularidad de la Corte, en línea con la política de que los agentes públicos no perciban honorarios adicionales por los servicios prestados en el ejercicio de sus funciones.

La Corte también cubrirá todos los gastos relacionados con la actuación profesional de sus funcionarios, incluyendo impuestos, tasas, contribuciones, bonos y matrículas profesionales. Para facilitar su labor, los letrados de la DAC podrán matricularse en el Colegio Público de la Abogacía de la Capital Federal y en tribunales federales con asiento en las provincias, según sea necesario.

Esta decisión responde a la necesidad de contar con un órgano especializado que pueda garantizar una defensa más eficiente, evitando dilaciones innecesarias frente a plazos procesales perentorios. Según los considerandos de la resolución, esta medida es especialmente necesaria en pleitos de trascendencia institucional y patrimonial.

El Ministerio de Justicia, por su parte, deberá informar de manera inmediata a la DAC sobre cualquier juicio en el que la Corte sea parte, así como de los actos procesales que requieran su intervención. Esto asegura una transición ordenada y una coordinación efectiva entre ambas entidades.

La creación de la DAC y la asunción de esta nueva responsabilidad por parte de la Corte Suprema marcan un hito en la búsqueda de mayor autonomía funcional y orgánica del Poder Judicial. Sin embargo, la medida también podría generar debates sobre sus implicancias en la relación entre el Poder Judicial y el Ejecutivo, así como en la dinámica institucional del país. En cualquier caso, la resolución subraya la importancia de una defensa técnica y especializada en casos de alta trascendencia, consolidando así la posición de la Corte Suprema como un actor clave en el sistema judicial argentino.