La jueza federal María Servini declaró nula la intervención del Partido Justicialista (PJ) de Salta, una medida que había sido impulsada en febrero por el Consejo Nacional del PJ bajo la conducción de Cristina Kirchner. Según el fallo, la intervención no cumplió con los requisitos legales, ya que debía ser decidida por el Congreso Nacional del partido y no por el Consejo. Además, la jueza consideró que los argumentos presentados para justificar la intervención, como el apoyo de legisladores salteños a iniciativas del gobierno de Javier Milei, no eran fundamentos suficientes.

La intervención había designado como responsables a Sergio Berni y María Luz Alonso, figuras cercanas a Cristina Kirchner. Sin embargo, el fallo de Servini ordena restituir a las autoridades originales del PJ salteño, alineadas con el gobernador Gustavo Sáenz. Este último calificó la intervención como un intento de "amedrentar" a las autoridades provinciales y de "tomar el control" del partido en la provincia.

A pesar del fallo judicial, el Congreso Nacional del PJ, liderado por Gildo Insfrán, ratificó la intervención en una reunión virtual con 453 votos a favor y 38 en contra. Esta decisión ha generado un conflicto sobre la autoridad de la resolución judicial frente a la interna partidaria. Las autoridades salteñas han anunciado que apelarán esta decisión ante la Cámara Federal Electoral.

El contexto político en Salta es complejo. En las elecciones provinciales recientes, el PJ local obtuvo un resultado pobre, logrando solo el 6% de los votos en la categoría de senador por la capital. Este desempeño ha intensificado las críticas hacia la intervención y ha generado tensiones adicionales dentro del peronismo.

El fallo de Servini podría tener implicaciones más amplias, ya que otras provincias como Misiones y Jujuy también han sido objeto de intervenciones similares por parte del PJ nacional. Analistas políticos advierten que este conflicto podría debilitar al peronismo en Salta y afectar su desempeño en las elecciones nacionales del 26 de octubre.

Desde el PJ salteño, Antonio Hucena celebró el fallo como un acto de justicia y criticó la intervención como arbitraria y políticamente motivada. Por su parte, el kirchnerismo sostiene que la ratificación del Congreso subsana las objeciones legales y permite mantener la intervención.

Este caso pone de relieve las divisiones internas dentro del peronismo y las tensiones entre las autoridades nacionales y provinciales del partido. También refleja el impacto de las decisiones políticas en la gobernabilidad local y en la estrategia electoral de cara a los comicios nacionales.