El brote de infecciones graves relacionadas con el uso de fentanilo contaminado ha generado alarma en Argentina, con 15 muertes confirmadas y 66 pacientes afectados. La investigación apunta a irregularidades en la producción del medicamento por parte de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo, ambos clausurados por la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

El caso fue detectado inicialmente en el Hospital Italiano de La Plata, donde 14 de los 18 pacientes infectados fallecieron. Las bacterias Klebsiella pneumoniae y Ralstonia pickettii, ambas multirresistentes a antibióticos, fueron identificadas en ampollas del lote 31202 de fentanilo, con vencimiento en septiembre de 2026. Estas bacterias causaron infecciones graves, incluyendo neumonía y shock séptico, en pacientes que ya se encontraban hospitalizados por otras razones.

La ANMAT emitió alertas y clausuró las operaciones de los laboratorios implicados tras detectar fallas en los métodos de producción y envasado. Según informes, el medicamento fue envasado en ampollas plásticas en lugar de vidrio, lo que no estaba autorizado. Además, se encontraron fallas en los métodos analíticos estandarizados para evaluar la calidad del producto.

El Ministerio de Salud de la Nación actualizó la cifra de casos sospechosos a 66, de los cuales 54 están confirmados y 12 permanecen bajo investigación. Los casos se concentran principalmente en La Plata y Rosario, aunque también se han reportado en Buenos Aires, Santa Fe y Neuquén. Entre los afectados se encuentran hombres de entre 45 y 64 años, aunque también se reportó el caso de una niña menor de 5 años.

Este incidente ha puesto en evidencia fallas en los controles de calidad y en la cadena de suministro de medicamentos en Argentina. HLB Pharma ya había sido sancionado previamente por la ANMAT desde 2019 por irregularidades. La investigación judicial, liderada por el juez Ernesto Kreplak, busca determinar responsabilidades legales y prevenir futuros incidentes.

Familiares de las víctimas han comenzado a buscar representación legal para exigir justicia, mientras que expertos en salud pública destacan la necesidad de revisar y reforzar los protocolos de producción y distribución de medicamentos. La ANMAT y el Ministerio de Salud han intensificado las medidas de control y vigilancia para evitar que se repitan casos similares en el futuro.