Tres dirigentes de La Cámpora fueron imputados por la Justicia porteña tras el ataque al edificio de TN y eltrece, ocurrido el 10 de junio en el barrio de Constitución, Buenos Aires. El hecho se produjo horas después de que la Corte Suprema ratificara la condena a seis años de prisión para la expresidenta Cristina Kirchner en la causa Vialidad, lo que generó una movilización frente a su domicilio y, posteriormente, el ataque a las instalaciones del grupo Artear.

Los imputados son Pablo “Tato” Giles, asesor de la senadora nacional María Celeste Giménez Navarro; José Lepere, director de Relaciones con el Poder Ejecutivo de la Cámara de Diputados bonaerense; y Matías Federici, director de Estadística Penitenciaria del Ministerio de Justicia de la Provincia de Buenos Aires. Según la fiscalía, los tres actuaron de manera coordinada y previamente organizada para ingresar al predio, pese a la negativa del personal de seguridad.

Durante el ataque, un grupo de entre 50 y 70 personas rompió barreras de acceso, arrojó piedras contra vehículos y bicicletas estacionados, y causó destrozos en vidrieras, pantallas y mobiliario del edificio. Además, se realizaron pintadas en las paredes de la planta baja antes de que los atacantes se dieran a la fuga. La investigación, apoyada en imágenes de cámaras de seguridad y seguimiento policial, permitió identificar a los principales responsables.

Como medidas restrictivas, la fiscalía impuso a los imputados la obligación de presentarse cada 15 días en sede fiscal y la prohibición de acercarse a menos de 300 metros de la empresa Artear. En el caso de Federici, se le sumó la imputación por malversación de caudales públicos, ya que utilizó un vehículo oficial para trasladarse al lugar, y se le prohibió salir del país.

El episodio ha generado preocupación en el ámbito político y mediático por la seguridad de los medios de comunicación y la escalada de violencia en el contexto de alta tensión política. Hasta el momento, no se han registrado declaraciones públicas de los imputados. La causa sigue su curso en la Justicia, que continúa investigando la posible participación de otros involucrados y el trasfondo organizativo del ataque.