Un reciente fallo judicial en Italia ha reavivado la esperanza de miles de descendientes de italianos en Argentina y otros países de América Latina. El Tribunal de Turín, a través del juez Fabrizio Alessandria, cuestionó la constitucionalidad de la Ley 74/2025, una normativa aprobada por el gobierno de Giorgia Meloni que restringía el acceso a la ciudadanía italiana para bisnietos y tataranietos de italianos.

La ley, sancionada en marzo de 2025, establecía una fecha límite para la presentación de solicitudes y exigía nuevos requisitos, como la demostración de vínculos activos con Italia y la verificación de que los antepasados no se hubieran naturalizado en otro país antes de que sus hijos alcanzaran la mayoría de edad. Estas restricciones generaron un fuerte rechazo entre abogados, asociaciones y comunidades de origen italiano, quienes argumentaron que la medida violaba principios de igualdad y seguridad jurídica.

El caso que motivó el fallo fue presentado por una familia venezolana, con el respaldo de asociaciones como AGIS y AUCI, defensoras del derecho a la ciudadanía por Ius Sanguinis. "La ley introduce restricciones retroactivas y discrimina a los italianos nacidos fuera del país", señalaron los representantes legales de la familia. El tribunal consideró que la normativa podría ser incompatible con tratados internacionales suscritos por Italia y decidió elevar la cuestión a la Corte Constitucional.

Mientras tanto, la incertidumbre persiste entre los solicitantes, quienes ahora deben reunir documentación que acredite la no naturalización de sus antepasados antes de la mayoría de edad de sus hijos. En Argentina, este trámite puede realizarse a través de la Cámara Nacional Electoral, que dispone de registros históricos de naturalización.

El decreto Tajani, convertido en ley, también exige a los italianos residentes en el exterior demostrar vínculos reales con Italia al menos una vez cada 25 años, mediante el ejercicio de derechos como votar o renovar documentos. Esta medida busca agilizar los trámites consulares y priorizar a quienes mantienen una conexión activa con el país europeo.

La decisión final queda ahora en manos de la Corte Constitucional italiana, que deberá determinar si la ley es total o parcialmente inconstitucional. De invalidarse la normativa, miles de descendientes de italianos podrían recuperar el derecho a la ciudadanía, reestableciendo un vínculo legal, cultural y emocional con Italia. El fallo ya ha generado un cambio de clima entre las comunidades de descendientes, que aguardan con expectativa la resolución definitiva.